l actual proceso de reforma educativa en la 4T consiste, en distintas aristas, en una gran simulación. Gracias a una serie de acuerdos político-partidistas, el nivel institucional de la nueva reforma educativa ha avanzado a pasos acelerados. Con el apoyo de los partidos del Pacto por México, rápidamente se logró la reforma de los artículos 3, 31 y 73 constitucionales y pronto estarán listas también la Ley del Centro Nacional de Revaloración de Los Docentes, la Ley General de Educación y la Ley del Sistema de Carrera para los Maestros. Según los líderes legislativos de Morena, para la elaboración de tales leyes se tomará en cuenta la opinión de los docentes, pero también de especialistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil (Mexicanos Primero, México Evalúa, IMCO, etcétera) a través de una serie de audiencias públicas que se llevarán a cabo en la Cámara de Diputados. Es decir, se realizará el mismo procedimiento que se llevó a cabo para la reforma de los artículos constitucionales: generación de altas expectativas de participación efectiva en los ejercicios de parlamento abierto, selección discrecional de determinados perfiles para la participación, nula discusión sobre los distintos proyectos educativos… y, al final, aprobación de propuestas normativas que previamente ya estaban planchadas en la caja negra del sistema político mexicano. Una gran simulación que se ha constituido como la partera del proyecto educativo de la 4T, en detrimento del interés democrático de la sociedad mexicana, de la autonomía profesional del magisterio y de una posible educación integral benéfica para la niñez mexicana.

Tal lógica no se ha circunscrito únicamente al proceso de elaboración de la normatividad educativa, sino se ha expresado también en el núcleo histórico de la luchas político-pedagógicas en nuestro país: la relación entre Estado y maestros, de la mano de una constante retórica de revalorización del magisterio que al parecer no es otra cosa que un mea culpa del Estado mexicano ante la campaña de desprestigio y agresiones contra el magisterio nacional del sexenio pasado. Para la narrativa oficial, ahora el maestro no es el culpable absoluto de la tragedia educativa mexicana, sino el pilar moral sobre el cual se ha de construir la nueva escuela mexicana. Sin embargo, tal retórica no mantiene un correlato político real en el cual el profesorado sea considerado un sujeto político relevante en la toma de decisiones, para mantenerse como un objeto de gestión política y pedagógica. La respuesta del sindicalismo oficial ha sido sumarse de lleno a una restructuración neocorporativa que permita mantener las cadenas de mando al interior del gremio; por su parte, ciertas fracciones de la disidencia magisterial parecen optar por sumarse al nuevo pacto educativo, debido, en gran medida, a una expectativa de democratización sindical, aún bajo el tutelaje del Estado mexicano.

La más reciente simulación se dejó ver el pasado 4 de junio, cuando el senado de la República dio a conocer a los candidatos que serán considerados para integrar las instancias de gobierno del nuevo Organismo para la Mejora Continua de la Educación. Al poner atención a los nombres y trayectorias de quienes han de integrar la Junta Directiva y el Consejo Técnico del Organismo, es relativamente sencillo caer en cuenta de que la democratización del sistema educativo no es, en absoluto, una prioridad para el actual gobierno. Ex integrantes del INEE, ex priístas, promotores de la reforma educativa de Peña Nieto y actores vinculados a las OSC proempresariales nutren la lista de las futuras autoridades educativas, brindando un elemento más a la lógica de continuidad de la reforma del sexenio pasado. Lo anterior es, en otro sentido, la realización concreta de la convocatoria que Esteban Moctezuma ha hecho a determinados grupos de interés para participar directamente en la dirección de la educación nacional.

De nueve aspirantes finalistas, cinco integrarán la Junta Directiva. Por su parte, para integrar al Consejo Técnico, de nueve finalistas, siete serán quienes conformen el organismo. En ambas listas coexisten perfiles calificados en temas de evaluación educativa con otros de carácter más político; unos relacionados a las OSC proempresariales y otros a partidos políticos. Es fácilmente perceptible un sentido gerencial en las propuestas educativas impulsadas por distintos candidatos, en las cuales podemos encontrar ideas como: calidad total, calidad en los aprendizajes, resultados sobresalientes en pruebas internacionales, calendarios más extensos con más horas de estudio, políticas disciplinarias etcétera.

Postulados para integrar la junta, encontramos perfiles como el de Florentino Castro, promotor de la Alianza por la Calidad de la Educación y designado al frente del Issste por Peña Nieto; Rafael Freyre, vinculado al foxista Compromiso Social por la Calidad y al Sinadep, creado en 2013 por el SNTE; Francisco Miranda, ex titular de la Unidad de Evaluación del INEE e Isabel Montalvo, maestra en mercadotecnia e impulsora del Servicio Profesional Docente. En la lista para conformar el Consejo, podemos encontrar a Armando Loera, asesor de Fundación Empresarios por la Educación Básica, asociación de la cual el titular de la SEP fue vicepresidente; Arcelia Martínez, ex directora de Directrices para la Mejora del INEE y a Francisco Deceano, ex director general de promoción del Servicio Profesional Docente.

Tal cual se presenta el escenario educativo nacional, convendría preguntarse: ¿Hasta qué punto el proyecto educativo lopezobradorista se nutrirá de ideas, programas y agentes que no promueven políticas progresistas? ¿Cuál será el papel político del nuevo organismo de mejora? ¿Cuál será la respuesta del magisterio ante la gran simulación educativa?

*Polítólogo

Seminario de Perspectivas Críticas en Educación en México y Latinoamérica

Twitter: @MaurroJarquin