Triturando de raíz: fracking y pueblos indios

La batalla de los pueblos contra la fractura hidráulica o fracking, técnica mundialmente reconocida como ecocida,registra sus primeros rastros en nuestro país hace más de diez años, cuando el Frente Democrático Oriental de México “Emiliano Zapata” (FDOMEZ) denunció la presencia de personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) dentro de ejidos huastecos como parte de las acciones de exploración del proyecto Aceite Terciario del Golfo, otrora conocido como Paleocanal de Chicontepec, que implementó fracturación hidráulica en sus diferentes fases de extracción petrolera. La primera victoria se registró en 2017, cuando los zoque, agrupados en el Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra (Zodevite), después de amplias movilizaciones, logró que la Secretaria de Energía, reconociendo que no se habían realizado las consultas necesarias para las licitaciones correspondientes a la Ronda 2.2, aplazara las asignaciones de los bloques que incluían cinco de sus municipios.

Hoy se escribe un nuevo capítulo de esta historia: desde su campaña electoral el hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió la prohibición del fracking, lo cual ha reiterado en más de una ocasión. Ello ha develado un campo en disputa del actual gobierno, ya que no solo ha sido contradicho por la secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien afirmó en marzo de este año estar buscando opciones de fracking “que no dañen el medio ambiente” [sic], sino también por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), que en febrero de 2019 modificó cuatro planes de Pemex Exploración y Producción dentro de la cuenca Tampico-Misantla, autorizando el uso de fracking en formaciones no convencionales.

De acuerdo con datos obtenidos a través de diversas solicitudes de información hechas por CartoCrítica, hasta 2016 uno de cada cuatro pozos del país fue fracturado, es decir, 7,879 de los 32,464 registrados hasta entonces. De los fracturados, 2,662 están en Tamaulipas, 2,111 en Veracruz y 1,288 en Puebla, regiones habitadas por nahuas, totonacos, tepehuas, otomíes, pames y teeneky también por personas no indígenas. Los contratos y asignaciones vigentes destinados a exploración y producción de hidrocarburos no convencionales se encuentran en su mayoría en manos de Pemex, es decir, 25 de los 26 bloques destinados para ello (9 161.96.30 km2), sin contar con el contrato compartido con la Operadora de Campos DWF S.A. de C.V. (www.cartocritica.org).

Esta numeralia no sólo incomoda, también alerta. Habrá que hacer entonces una intervención en la escucha y entender que cuando el presidente dice “no al fracking” significa dos cosas, la promesa de que algún día se prohibirá esa técnica para la extracción de hidrocarburos no convencionales, pero también asumir que dice completamente lo contrario en materia de convencionales, donde no hay disputa alguna, pues el fracking es ampliamente utilizado con diferentes intensidades desde 1996 para la extracción petrolera. Recordémoslo, “es el motor del desarrollo”. Y no es de dientes para afuera, el ímpetu energético basado en fósiles es enaltecido hoy con la construcción de la refinería de Dos Bocas, en la golpeada Tabasco. La razón disociada del Estado no es su privilegio, la comparte con el gran capital, y el extractivismo energético siempre ha sido prioridad para las finanzas públicas de un país que al tiempo que contamina las tierras y daña la salud de sus pueblos afirma que pretende beneficiarlos.

Más aún, si en el pasado la aplicación de compromisos internacionales en materia de consulta detuvo la expoliación a territorios forjados por pueblos originarios, hoy ello es frágil, la enseñanza ofrecida por las consultas ciudadanas muestra como en materia de derechos humanos no podemos cantar victoria. El retroceso en el ejercicio de derechos colectivos es fehaciente, este abril lo constató la Relatora Especial en materia de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, Victoria Tauli. La promesa de una Ley de Consulta y los protocolos que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) está elaborando no sobran, pero las experiencias en Morelos y el Istmo, junto al uso instrumental de Manifiestos de Impacto Ambiental y Evaluaciones de Impacto Social nos arrojan a la cara que los procedimientos sirven para garantizar decisiones tomadas, por lo que hoy más que nunca no basta con promover consultas, exigimos el consentimiento previo, libre e informado.

Andrés Manuel López Obrador ha tachado de conservadores a quienes se oponen, incluso con su vida, como Samir Flores, al despliegue del actual modelo energético, y tal vez tiene razón, pues como enseñó John Berger, los campesinos abrevan de su pasado para emboscar el futuro que se presenta ordinariamente amenazante, más si son indígenas. Todo parece indicar que conservar la vida en un mundo que hace agua por el cambio climático producido por un régimen energético basado en fósiles, es razón suficiente para afirmarnos en la tradición de aquellos que legaron raíz y horizonte. •

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