Entrevista a Adelfo Regino

Queremos construir una nueva relación
entre pueblos indígenas y Estado

Adelfo Regino, director del INPI. Regeneración

Cecilia Navarro

¿Cuáles son los principales retos al frente del INPI?

El nuevo gobierno y en particular el INPI tienen un conjunto de desafíos en el contexto nacional con relación a los pueblos y comunidades indígenas. El primero tiene que ver con la falta de reconocimiento de nuestros pueblos y comunidades indígenas en el orden jurídico mexicano: la Constitución, las leyes, las instituciones. Hay una negación, una invisibilización. Esto hace que en los hechos, en la vida cotidiana, haya un contexto adverso, de constantes violaciones a los derechos de los pueblos. Este es el primer desafío que tenemos en el contexto nacional.

El segundo es la pobreza y la marginación. Hay numerosos indicadores que ubican a los municipios indígenas como de alta y muy alta marginación. Esto hace que mucha de nuestra gente tenga que migrar, debido a que no hay empleo, ingresos, oportunidades laborales en sus regiones.

El tercero es la discriminación y el racismo. Cotidianamente hay afirmaciones discriminatorias y racistas hacia quienes somos miembros de comunidades indígenas. Somos objeto de discriminación en los diversos ámbitos de la vida cotidiana. Desde nuestras hermanas que migran a las ciudades y se desempeñan como trabajadoras domésticas hasta nuestros hermanos albañiles son a menudo objeto de señalamientos. Esto ha tenido como consecuencia la pérdida de nuestras culturas y lenguas. Hay una disminución drástica en los niños y adolescentes que hablen su lengua materna. Estos son algunos de nuestros desafíos.

Se dice que el INPI es neoindigenista, una reedición del INI, con una visión integracionista y paternalista. ¿Cuál es su respuesta a estas opiniones?

No tienen fundamento. El art. 3 de la ley que crea al INPI, reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público. Esto no había ocurrido en el INI ni en la CDI. Hoy se parte de considerar jurídicamente que son sujetos de su historia, su desarrollo, su destino. Es un reconocimiento explícito presente en esta ley, inspirado en la idea de construir una nueva relación entre el Estado y los pueblos y comunidades indígenas a partir de sus derechos fundamentales. Esa la premisa. El integracionismo quedó en el pasado, fueron políticas que se implementaron cuando se pensaba que para que hubiera progreso en las comunidades había que dejar nuestra cultura, nuestra lengua, dejar de ser lo que somos, indígenas, con características culturales diferenciadas. Esto prevaleció durante mucho tiempo. Hoy el integracionismo no es parte de la ley ni de la dinámica institucional. Estamos trabajando para que nuestros pueblos sean sujetos de derecho público, reconocidos en toda su dimensión histórica.

El 16 de febrero de 1996 se firmaron los acuerdos de San Andrés Larráinzar.

Las consultas son uno de los temas más polémicos de esta y las pasadas administraciones. Muchas comunidades las ven como un trámite para imponer proyectos sin licencia social. ¿Cómo va a regular este tema?

Hay que reconocer que no tenemos una regulación en la materia, una ley específica sobre la consulta indígena. Esto ha dado lugar a que cada quien la interprete como convenga a sus intereses. Estamos trabajando en un protocolo de consulta y espero que pronto tengamos un marco reglamentario para la administración pública federal. Tenemos que desarrollar una legislación en la materia. Mientras tanto, el protocolo establecerá principios, metodologías, temáticas, procedimientos y etapas. Será obligatorio para la administración pública federal. Queremos trabajar en un horizonte de diálogo, de consulta, de acuerdo con nuestros pueblos y comunidades indígenas.

A propósito de leyes, en las administraciones pasadas quedaron pendientes la Ley Cocopa y los Acuerdos de San Andrés, ¿cómo los van a incorporar?

Nosotros tenemos que hacer un proceso de armonización legislativa, trabajar para que haya un reconocimiento integral pleno de los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución y las leyes de nuestro país, retomando lo contenido en el acuerdo de San Andrés. Es un compromiso del Estado mexicano y también es la palabra de nuestros pueblos. Tenemos que adecuar nuestra Constitución y otras leyes a estos acuerdos y a los avances en la materia en el derecho internacional, en especial la adopción de la Declaración de la Naciones Unidas sobre Derechos Indígenas.

Tenemos que trabajar por un proceso constitucional, estamos obligados a consultar a nuestros pueblos para que a partir de sus propuestas, expresiones, sugerencias construyamos una iniciativa de reforma constitucional que dé paso paso al reconocimiento de indígenas y afromexicanos. En su momento será enviada por el Ejecutivo al Congreso. Es uno de los trabajos que realizaremos, es una de las facultades y funciones del INPI, y se enmarca en el espíritu de construir una nueva relación entre pueblos indígenas y Estado mexicano en este proceso de transformación nacional.

¿Cómo van a armonizar los proyectos del nuevo gobierno con los derechos reconocidos a los pueblos?

Se tienen que reconocer a cabalidad los derechos territoriales y a los recursos por parte de los pueblos y comunidades indígenas, así está en la legislación internacional. Y una de nuestras premisas es el reconocimiento de los derechos al territorio. Cuando haya afectación tiene que haber consulta como establece el Convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Reconocer a cabalidad los derechos territoriales de los pueblos y comunidades indígenas.

Ya hay antecedentes en la presente administración de desencuentros con los pueblos. Por ejemplo el caso del Proyecto Integral Morelos. En su opinión, ¿qué se debería hacer para realmente considerar la decisión libre de las comunidades?

El caso de Morelos es específico. Lamentablemente se trata de un acto consumado, la termoeléctrica, que se construyó en el sexenio pasado. Pensamos que antes de la obra debió de haberse realizado un proceso de consulta, pero no fue así. Estamos frente a hechos consumados y lo que está en debate es la operación, la puesta en marcha. En este sentido sugerimos a la CNDH y diversas instancias responsables que se abra un diálogo, se platique con las partes para ver una solución de fondo. Estamos lamentablemente frente a una obra que se construyó en la que todos coincidimos que debió hacerse una consulta previa.

¿Y en casos como el del Tren Maya y el corredor del Istmo? Es sabido que los responsables del proyecto en la Península envían mensajes intimidantes y hay una enorme presión y especulación en el territorio. ¿Qué van a hacer para garantizar que las comunidades puedan decidir libremente y que se va a respetar su decisión?

Es distinto. No hay una obra, hay anuncios, pero no estamos frente a un hecho consumado. Estamos trabajando para que se hagan las consultas y pueda cumplirse este mandamiento legal. Tiene que haber consultas libres, previas informadas. Tiene que acatarse este mandato. Y como instituto haremos lo conducente.

Hemos hecho recomendaciones, sugerencias en términos de la ley, tenemos un marco de actuación legal. La autoridad responsable de cada proyecto tiene que cumplirlo, acatar el deber de las consultas indígenas.

El acceso a la justicia para las comunidades es un enorme pendiente, ¿cómo la van a abordar?

Desde el instituto estamos apoyando la excarcelación de presos indígenas, sobre todo cuando sus delitos no son graves. Uno de nuestros propósitos es hacer un diagnóstico con la Fiscalía General y otras dependencias que tienen mandato en la materia para tener claridad de cuántos presos son, en qué situación se encuentran y trabajar en garantizar su acceso a la justicia y pronta excarcelación.

No se ha dado a conocer un programa para el tema de los jornaleros, ¿qué están haciendo desde el INPI?

Es un tema delicado, de nuestra mayor preocupación. La migración indígena se da con un alto grado de vulnerabilidad. Hemos visitado San Quintín y otros lugares donde hay una situación alarmante de violación de derechos laborales y humanos de hermanos y hermanas que han tenido que migrar y trabajar en estos lugares. Estamos coordinándonos con las secretarías de Trabajo y de Bienestar para dar atención integral en este tema.

¿Cómo será la relación con las comunidades y pueblos autónomos?

Queremos tener una relación de respeto, reconocemos sus procesos, es fundamental que de parte del Estado haya reconocimiento, que tengan las mejores condiciones para determinar sus formas de organización, política, económica y social.

Buscar una relación de respeto.

¿Qué están haciendo en lo que se refiere a la educación? 

Hicimos propuestas para la construcción de un modelo educativo que recoja las aspiraciones y necesidades de pueblos y comunidades indígenas. Básicamente se trata de reconocer la interculturalidad, pluriculturalidad y el plurilingüismo en el proceso educativo. Uno de los principios educativos debe ser la interculturalidad, como dice la Unesco.

Es fundamental el plurilingüismo, tenemos 11 familias y 78 lenguas que deben ser fortalecidas desde la educación. Y el otro tema es reconocer la educación comunitaria implementada por nuestras comunidades, pues a menudo no es reconocida ni respaldada por el gobierno.

En los pueblos hay mucha educación musical, educación sobre nuestras culturas y lenguas, que se dan sin respaldo de los gobiernos estatal ni federal. Es importante que se reconozcan nuestras culturas, lenguas, instituciones y métodos de aprendizaje.

¿Cómo se ve en seis años?

Espero haber servido a nuestros pueblos, poner mi granito de arena en esta tarea de resolver los problemas de los 68 pueblos indígenas y afromexicanos y tener la conciencia del deber cumplido. Quiero regresar a mi pueblo a seguir trabajando en favor de nuestra gente. •

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