Afrocolombianos en Colombia
y Ecuador: Migraciones forzadas
y economías del narcotráfico

Desplazados Ángela Yesenia Olaya Requene.

En las pasadas cuatro décadas la presencia de grupos armados ilegales y carteles del narcotráfico en la zona de frontera que Colombia comparte con Ecuador por el Pacífico sur colombiano, municipio de Tumaco, ha generado masivos flujos de migración forzada y búsqueda de refugio de miles de personas y familias afrocolombianas en territorio ecuatoriano. La disputa de tierra y territorios entre los grupos armados que buscan el control de la cadena productiva del narcotráfico: cultivo, procesamiento y tráfico de drogas, ha tenido repercusiones en sus lugares, en la conformación de nuevas estructuras económicas vinculadas con las economías criminales, en los nuevos lugares de reproducción de patrones socioculturales, en la organización del trabajo rural, en las redes vecinales y de parentesco, y en la reconfiguración de los paisajes locales como “espacios del terror”. 

La presencia de grupos armados en las regiones de Colombia se ha establecido de manera diferenciada según las particularidades geográficas e históricas de cada región. En el Pacífico sur, en el municipio de Tumaco, su zona rural y fronteriza con Ecuador, caracterizada por ser una extensa zona mayoritariamente selvática, lo convierten en un escenario ideal para las economías ilegales y rutas del narcotráfico. Desde finales de los años 90 del siglo XX y comienzos del siglo XXI, Tumaco y la zona fronteriza han aparecido en los medios de comunicación masivo como uno de los territorios más afectados por la guerra en el país. Según datos oficiales, en la zona de frontera tienen presencia las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) –ahora disidencias-, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), neoparamilitares y en los años recientes carteles del narcotráficos colombianos y mexicanos, manteniendo un cruce de fuego constante en la disputa por el control de tierras y territorios. 

La fuerte presencia de grupos armados ilegales en la frontera colombo-ecuatoriana se explica, principalmente, por el abandono del Estado de este territorio, ya que les ha permitido controlar los territorios y ejercer acciones de violencia contra las comunidades en total impunidad. En este lugar persisten los niveles más altos de pobreza y subdesarrollo estructural del país, contexto que facilita la incursión e instalación de grupos armados y la movilización de sus economías ilegales (drogas, armas, secuestros, tráfico de personas y combustibles) y deja a las comunidades locales a merced de las actividades ilícitas (principalmente narcotráfico). Para los pobladores locales la participación “voluntaria” o forzada en las economías del narcotráfico muchas veces es la única alternativa real que tienen para sobrevivir en sus espacios rurales. O se dedican a los cultivos ilícitos y se los venden a los grupos que controlan los territorios, o son desplazados, o se unen a los miles de colombianos que han cruzado las fronteras nacionales huyendo de las violencias armadas.

Tras la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y el expresidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC con el objetivo de culminar más de 50 años de conflicto armado en el país, 11,2000 excombatientes se encuentran en proceso de reincorporación a la vida civil, sin embargo desde que las guerrillas de las FARC abandonaron sus territorios de operación, grupos armados rivales se disputan el control de estos lugares para dinamizar economías criminales y continuar con la cadena productiva del narcotráfico. La mayoría de estas facciones armadas ahora se agrupan en la frontera entre Colombia y Ecuador. En este escenario, Tumaco y la zona fronteriza, son los territorios con el número de cultivos de coca más grande en todo el país y el mundo. El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos ha registrado 23,148 hectáreas, que representan un 16% del total del país en el 2017, cifra histórica en la historia del narcotráfico en Colombia.

La disputa por los territorios altera la organización de los pueblos.

De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados (2017), un promedio de 400 personas afrocolombianas cruzó la frontera entre Colombia y Ecuador en el 2016; en el 2015 el promedio fue de 600. Sin embargo, fue la década de los 90 hasta el 2004 donde se registró el mayor número de afrocolombianos solicitantes de refugio en Ecuador, con un promedio de entre 1,300 y 1,400 personas al mes. Es importante resaltar que pese a los esfuerzos de organismos internacionales como la ACNUR para visibilizar las trayectorias de las personas que huyen de las violencias armadas en la zona fronteriza con Ecuador, el Estado colombiano cuenta con un débil registro sobre los flujos migración forzada trasnacional. Esta situación dificulta visibilizar los efectos del conflicto armado y el narcotráfico en estas poblaciones, así como el desarrollo de medidas de reparación y no repetición, para las víctimas. 

Uno de los supuestos de este artículo es que los flujos migratorios en los espacios contralados por el narcotráfico alteran las pautas de organización territorial, reproducción cultural y la identidad de los pueblos afrocolombianos, en tres sentidos: 1. los territorios son transformados en espacios dedicados únicamente a los cultivos ilícitos; 2. la cultura y la identidad están siendo transformadas de manera importante como consecuencia de los despojos de tierra y territorios y los flujos migratorios, y 3. los grupos armados reconfiguran la discursividad histórica y simbólica de la zona fronteriza como una “espacialidad de la violencias” con su respectivo poder económico, militar y eficiencia de muerte contra los pueblos afrocolombianos. Lo anterior supone un movimiento de desterritorialización entendido como la perdida del control del territorio por las comunidades locales que implica de manera simultánea una destrucción del espacio vivido y, en algunos casos, el confinamiento de vivir en lugares de progresivo deterioro y empobrecimiento. •

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