ONU-Habitat estima que al menos 38.4 por ciento de la población de México habita en una casa no adecuada; es decir, en condiciones de hacinamiento, o hecha sin materiales duraderos, o que carece de servicios mejorados de agua y saneamiento.

Añadió que esta estimación podría ser mucho mayor si se considera la ubicación de la vivienda en áreas de riesgo y la ausencia de seguridad en la tenencia de la tierra como factores de precariedad y vulnerabilidad, así como el número de personas que habitan en desarrollos de vivienda alejados de las áreas urbanas consolidadas, donde las fuentes de empleo y los servicios públicos de buena calidad son insuficientes, y aquellos que residen en viviendas que no están adaptadas a las condiciones climáticas, a sus necesidades físicas o a su identidad cultural.

El organismo detalla que los retos del sector vivienda en el país son diversos, entre ellos la “inadecuada localización de la vivienda económica y no asequibilidad de la vivienda intraurbana para todos y prevalencia del rezago habitacional entre grupos vulnerables y no correspondencia entre las soluciones habitacionales predominantes y las características del rezago.

Otro problema es la inexistencia de una política nacional de vivienda social en renta, en detrimento de soluciones de vivienda para grupos vulnerables; severos impactos ambientales generados por la acelerada expansión urbana de las ciudades sobre suelos agrícolas y de alto valor ambiental y consumo ineficiente de recursos durante todo el ciclo de vida de la vivienda, situación que genera elevadas emisiones de gases de efecto invernadero arrojadas a la atmósfera.

ONU-Habitat refiere que en los pasados 20 años, México impulsó un modelo de financiamiento y subsidio habitacional que logró la construcción de más de 9 millones de viviendas nuevas para abatir el rezago habitacional histórico; sin embargo, permanecen significativos desafíos.