Puerto Vallarta, Jal., El Congreso de Jalisco aprobó que jueces y magistrados se sometan a pruebas de control de confianza cada cuatro años, la cual debe incluir revisión patrimonial y de entorno social, así como exámenes médicos, sicométricos, toxicológicos y de polígrafo.

La reforma otorga a los jueces la posibilidad de relegirse cada cuatro años, para lo cual deberán someterse nuevamente a la prueba de control de confianza.

El Sistema de Control de Confianza cuenta con 90 días para crear el sistema de evaluación; una vez creado tendrán hasta seis meses para ser calificados, de acuerdo con el artículo 5 transitorio.

La reforma considera un procedimiento con mecanismos novedosos y que elimina la designaciones políticas o de grupo, dando prioridad a perfiles técnicos y probos, contribuyendo a garantizar a elegir a los mejores aspirantes, así como la eliminación del haber de retiro, señala.

A la par, diputados aprobaron que los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa duren en el ejercicio de su encargo 12 años improrrogables contados a partir de la fecha en que rindan protesta de ley.

Sin embargo, lo anterior no será aplicable a quienes se encuentren en funciones al momento de la entrada en vigor del presente decreto. Actualmente, el periodo de los magistrados es de siete años, con la posibilidad de relegirse.

Quienes aspiren a ser magistrados deberán pasar un examen teórico-práctico elaborado por expertos de universidades locales. En los nombramientos también se aplicará el principio de paridad de género.

El dictamen señala que la reforma –propuesta por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez– robustece el servicio civil de carrera y la estabilidad judicial con periodos certeros en las designaciones, que incluyen evaluaciones de control de confianza; la realización del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de evaluaciones curriculares, de aptitud e idoneidad de los aspirantes, además de aplicarles entrevistas para conocerlos más a fondo.

El dictamen fue aprobado con 31 votos a favor de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y de la Revolución Democrática (PRD), y seis en contra de la fracción de Morena.

María Esther López Chávez, diputada de Morena, argumentó que es una reforma anticonstitucional y no contribuye a la independencia y eficiencia del Poder Judicial, mientras PAN, PRD, PRI y MC elogiaron el acuerdo.