El padrón de militantes es la causa de controversia y conflicto en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) al iniciarse el proceso para elegir a su próximo dirigente el 11 de agosto.

Después de que dos aspirantes a la presidencia (José Narro e Ivonne Ortega) advirtieron que el proceso se inició con vicios para favorecer a Alejandro Moreno, hasta ayer gobernador de Campeche, el partido se comprometió a conducir el proceso con imparcialidad.

La dirigencia encabezada por Claudia Ruiz Massieu negó ayer en un comunicado haber recibido presiones, manifestaciones o instrucciones para efectuar la contienda interna en favor de algún personaje y anunció que será el Instituto Nacional Electoral (INE) el encargado de definir el tamaño de la lista nominal.

Narro, Ortega y Ulises Ruiz aseguran que durante la reunión que tuvieron el viernes pasado en el tricolor, la presidenta les informó que se utilizaría el padrón con corte a enero pasado, validado por el INE, de 6 millones 545 mil 923 miembros. Es decir, sin contar los nuevos afiliados que, según Narro, son 654 mil, de los cuales 75 por ciento (488 mil) son de cinco entidades favorables a Moreno.

Sin embargo, en la convocatoria de la elección –y en reportes posteriores– el PRI subrayó que se utilizará el registro partidario con corte al 11 de junio, día de emisión de la convocatoria, el cual se remitirá al INE para su revisión, actualización y depuración con base en los movimientos hechos en el Registro Federal de Electores.

Lo anterior incluye defunciones, cambio de domicilio y suspensión o pérdida de derechos políticos, así como en el ámbito del registro partidario y de otros registros partidarios, duplicidades, bajas por renuncias o derivadas de quejas y eventuales personas que aparezcan en otros registros partidarios.

El resultado de esa verificación, agregó el partido, conformará el padrón de electores al que tendrán acceso específico los candidatos y con base en el cual se abre la posibilidad de impugnarlo.

Prometió que la Comisión Nacional de Procesos Internos escuchará a los aspirantes y a sus representantes para alcanzar acuerdos.

Adujo que el tricolor cuenta con un sistema de órganos estatutarios independientes para regular el proceso, además de que se rige por la Constitución y la Ley General de Partidos Políticos. Agregó que los órganos partidarios no otorgan cartas de actuación ni juzgan anticipadamente. Todo militante, con independencia del cargo público que ostente o la responsabilidad partidaria que tenga, debe cumplir la normatividad de nuestro partido, señaló.

Si la norma se ve vulnerada, los órganos competentes del partido actuarán para, en su caso, tomar las medidas que sean necesarias: realizar apercibimientos, formular recomendaciones e imponer sanciones, aseguró.