De cara al compromiso adquirido por el gobierno de México con el presidente Donald Trump, de frenar la llegada de más indocumentados a Estados Unidos, el Instituto Nacional de Migración (INM) enfrenta una situación de precariedad desde el sexenio anterior, derivado en gran medida de recortes presupuestales, advirtió la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

De acuerdo con estudios recientes del órgano revisor del gasto público, el INM ha enfrentado retrasos en el pago a sus proveedores de bienes y servicios, pero también señalamientos por otorgar contratos mediante adjudicación directa sin justificarlo plenamente, falta de actualización de sus reglamentos internos y fallas en la comprobación de gastos.

Un ejemplo de lo anterior puede encontrarse en la auditoría de cumplimiento financiero 20-GB, correspondiente a la cuenta pública 2017, en la cual se advierte que los fondos del INM han sido impactados desde 2014 por disminuciones adicionales decididas por la Secretaría de Gobernación, organismo del cual depende.

Aunque su gasto operativo ha mantenido su crecimiento, al no contar con un presupuesto autorizado y depender de recursos insuficientes captados por los ingresos excedentes, se incrementarán los adeudos a los proveedores de bienes y servicios.

Lo anterior ha provocado que algunas deudas de las cuentas públicas 2015 y 2016 se hayan cubierto con recursos otorgados en 2017, sin que hayan sido registrados oportunamente como adeudos de ejercicios fiscales anteriores, señala el organismo.

Además de ello, la ASF logró identificar que el INM otorgó en 2017 un total de 86 contratos por más de 780 mil pesos –en los rubros de recursos materiales y servicios generales– mediante el proceso de adjudicación directa, a pesar de que había investigaciones de mercado y cotizaciones que pudo haber tomado en cuenta, lo cual le resta transparencia a los servicios.

Otra irregularidad que enfrentó el instituto en años recientes es la falta de actualización de sus reglamentos internos, y de su adecuada difusión entre sus servidores públicos, lo que limita las funciones y responsabilidades para el personal actuante, propicia la carencia de controles internos y pone en riesgo la calidad, eficiencia y eficacia de los asuntos que le competen.