A más de seis meses de iniciado el actual gobierno, la Secretaría de la Función Pública (SFP) aún no ha definido los lineamientos ni la forma de operación de dos de los programas que la dependencia considera claves para la lucha contra la corrupción: la protección a los llamados denunciantes alertadores y la formación de consejos de honestidad.

Al responder a solicitudes de información elaboradas por este diario sobre ambos temas, la SFP admitió que aún no ha echado a andar ninguno de los mencionados programas, a pesar de que su titular, Irma Eréndira Sandoval, los menciona de manera frecuente como un ejemplo de la forma en que se relanzará a la nueva función pública.

Durante sus intervenciones, la funcionaria ha destacado en varias ocasiones que entre los proyectos rectores del trabajo de la SFP se encuentra el relanzamiento del servicio profesional de carrera; la eliminación de conflictos de interés; la ciudadanización del combate a la corrupción y la protección a los denunciantes alertadores, es decir, aquellos servidores públicos que delaten a quienes cometan actos de corrupción dentro del gobierno.

Frente a ello, La Jornada elaboró una solicitud de información para saber si el programa de denunciantes alertadores ya había iniciado, en qué lineamientos basa su trabajo, de qué forma y con cuánto personal se determina si las denuncias tienen bases, cuáles son los estímulos que reciben los alertadores, de qué forma se les protege y cuántas denuncias se han puesto hasta ahora.

La dependencia contestó el 5 de junio que actualmente se está elaborando el proyecto de dicho programa, razón por la cual no se cuenta con información como la referida en su solicitud.

Por lo que se refiere a lo consejos de honestidad, mencionados por Sandoval como otra de las herramientas principales de la SFP, este diario pidió conocer si dichos grupos ya están funcionando, cuántos hay, cuáles son sus reglas de conformación, en dónde operan, qué proyectos vigilan y qué resultados han tenido hasta el momento.

De manera similar, la dependencia respondió el 10 de junio que se trata de un proyecto que está en etapa de planeación, por lo que una vez que se tengan los lineamientos y reglas de operación, se hará del conocimiento público.

En artículos académicos, los investigadores Alejandra Medina y Roberto Rodríguez, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, consideraron que el esquema de denunciantes alertadores primero debe darse a conocer de manera amplia, y formular leyes claras y realistas, para evitar que se generen efectos perversos o contraproducentes.