La controversia constitucional que presentó la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República contra la orden de designar a los 18 magistrados del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) fue desechada por la Suprema Corte de Justicia.

Con ello el titular del Ejecutivo tendrá que hacer los nuevos nombramientos justificando plenamente su experiencia, conocimientos y cualidades ya que el Senado no ratificó ni rechazó los propuestos por Enrique Peña en 2017.

La ministra Norma Lucía Piña Hernández, a quien le fue asignado el caso, indicó que la controversia constitucional no procede contra sentencias de amparo en revisión.

El acto reclamado por parte de la Presidencia fue la sentencia de amparo en revisión del décimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito que concedió al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción para acelerar los nombramientos de los magistrados, y pidió al Ejecutivo que justificara las capacidades y el perfil de los que fueran designados.

"Para cumplir con el requisito de idoneidad de los magistrados designados por el Ejecutivo federal, es insuficiente asentar los datos curriculares y la relación de cargos desempeñados, pues para estimar colmadas las exigencias constitucionales y legales se requiere justificar plenamente sus cualidades", indicó el tribunal.

Al considerar que el cuerpo colegiado había invadido competencias y facultades, la Consejería Jurídica impugnó y presentó la controversia constitucional, misma que fue dese-chada por el máximo tribunal y el Ejecutivo debe dar cumplimiento a la sentencia del tribunal , pero tendrá que transparentar los nombramientos mediante la justificación de la idoneidad.

En tanto se designa a los juzgadores, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa habilitó sus salas para recibir los asuntos relacionados en casos de corrupción.