El año pasado fue crítico para los derechos humanos en México y uno de los más violentos y complejos de las últimas décadas, advirtió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En su informe anual 2018, el organismo documentó la existencia de la tortura, la desaparición de personas, linchamientos, homicidios, el desplazamiento forzado interno, la explotación y abuso de los migrantes, la aparición de fosas clandestinas, la violencia de género y un alto número de feminicidios, despojos a los pueblos indígenas, la trata de personas, los ataques y homicidios contra periodistas y defensores de garantías fundamentales, la violencia contra políticos y efectivos de las fuerzas de seguridad y los abusos contra civiles por autoridades militares y establecidas, agravantes que prevalecen para 2019.

El reporte también remarcó ciertas preocupaciones en torno a algunas decisiones del actual gobierno y que pueden tener un impacto negativo para respetar los derechos de la ciudadanía: la reducción presupuestal en materia de salud, la falta de apoyo a estancias infantiles y refugios para mujeres víctimas de violencia, recortes en dependencias que atienden a personas con discapacidad y la descalificación desde las más altas esferas del poder público a organizaciones de la sociedad civil y a comunicadores.

El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, entregó en privado el lunes pasado el documento a la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazara recibirlo personalmente en un acto público, lo que representó la primera ocasión que un titular del Ejecutivo no acude al informe anual en los 29 años de la CNDH.

En 2018, recibió 158 mil 960 quejas y emitió 101 recomendaciones a diversas autoridades de todos los órdenes de gobierno (90 regulares, tres generales y ocho por violaciones graves a los derechos humanos, el mayor número en su historia).

México no sólo vive una crisis en materia de violencia, inseguridad y desigualdad, ésta forma parte de otra más grave: una crisis de derechos humanos. Entre 2017 y 2018 se registró un promedio anual de más de 79 mil personas y más de 2 mil grupos y colectivos víctimas de violaciones de sus garantías, esencialmente en materia de acceso a la salud y la seguridad social, o relacionadas con el empleo de las fuerzas armadas en tareas de contención de la criminalidad, o por un inadecuado acceso a la justicia, además de diversos hechos asociados a la impunidad, la desigualdad y la discriminación en cuanto al acceso al desarrollo. Esta crisis ha lastimado a personas y familias con niveles de vulnerabilidad crónica alarmantes, lo que ha traído profundo desasosiego, sufrimiento y desesperanza.

El organismo detalló que 2018 fue el año en que por el proceso electoral que se vivió en todo México se incrementó la violencia política como nunca en la historia, pero a la vez la colectividad se manifestó altamente esperanzada frente a los cambios que el país demanda, lo que ofrece un escenario óptimo para fortalecer e impulsar hacia adelante una gobernabilidad democrática.

La CNDH reconoció que es una señal positiva que para el actual gobierno sea prioritario el combate a la pobreza, la desigualdad, a la corrupción y también a la impunidad, pero un Estado democrático, subrayó, sólo se consolidará fortaleciendo la justicia para todos, sin distingo ideológico ni discriminación.