La Junta Directiva de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados elaboró los lineamientos y propuestas a implementar en el Plan Nacional de Desarrollo (PDN), destacando el de dar impulso al Estado como motor del desarrollo y la economía.

La comisión, presidida por Alfonso Ramírez Cuéllar, establece que se requiere un sistema tributario que permita obtener ingresos públicos adecuados para las necesidades de inversión y gasto social, y que contribuya a la competitividad internacional de la economía mexicana.

Para tener finanzas públicas sanas, es preciso fortalecer las haciendas públicas locales, tanto en su capacidad recaudatoria como en el monto de los ingresos que se obtengan. Las entidades federativas no han logrado diversificar sus impuestos y se encuentran en una situación de dependencia del gobierno federal. Se hace evidente la necesidad de reformar y adecuar la normativa fiscal aplicable a la recaudación y cobro de los impuestos, con el fin de que los procesos de cobranza sean más ágiles y más confiables.

Adicionalmente, indica, es vital revisar y actualizar las leyes de coordinación fiscal para eliminar el federalismo estático que promueve las deficiencias del statu quo y se transite a uno que brinde incentivos al crecimiento económico, a la formalidad, a la inversión, a la construcción de capacidades y a la rendición de cuentas.

De no hacerlo, advierte la comisión legislativa, las transferencias federales profundizarán la falta de autonomía fiscal y se perpetuará la desigualdad regional.

“La coordinación fiscal debe estar estructurada con base en los principios de equidad, simplificación administrativa y fortalecimiento de las finanzas subnacionales, que incentiven las buenas prácticas y políticas públicas para disminuir los niveles de pobreza en el país. Es necesario transitar del federalismo represivo al federalismo competido.

Por ello, el Instituto Mexicano para la Competitividad considera adecuada la construcción de mecanismos de competencia e incentivos en los fondos federalizados.

A la fecha, más de 30 por ciento del gasto neto total se ejerce en los estados y municipios. Gran parte de las estrategias para combatir la marginación y la pobreza se llevan a cabo en los gobiernos locales también.

Sin embargo, la Ley de Coordinación Fiscal y sus fórmulas no premian las prácticas que disminuyan la pobreza en los gobiernos locales, el caso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social es un ejemplo. La actual fórmula en la ley no promueve la implementación de políticas públicas efectivas para reducir la pobreza. El componente que más peso tiene en la fórmula es la proporción de personas en pobreza extrema que tenga un estado respecto al nivel nacional (80 por ciento).