El gobierno de México evitó ser tercer país seguro con Estados Unidos; sin embargo, la ampliación del programa Permanecer anunciado en diciembre de 2018 por la administración de Donald Trump tensa al sistema de refugio en nuestro país, advierte Ana Saiz, directora de la organización no gubernamental Sin Fronteras.

Como parte de los acuerdos alcanzados entre México y Estados Unidos para frenar la amenaza de Trump de imponer aranceles a las importaciones mexicanas, está el de ampliar el programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), conocido como Permanecer, y por el cual Estados Unidos envía a México a solicitantes de asilo que cruzaron la frontera mientras esperan la resolución de su proceso.

La implementación de estos protocolos, fundamentados en la sección 235 (b) (2) (C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad estadunidense, fue anunciada en diciembre y entró en vigor en enero. El acuerdo original aplicaría en algunos puntos de la frontera entre Estados Unidos y México, y ahora a lo largo de toda de la línea.

Ana Saiz explicó que la diferencia con el acuerdo de tercer país seguro es que no se obliga a que la gente pida asilo en México.

No obstante, explica que casi 10 mil personas ya fueron regresadas al país mientras esperan resolución. Estos números, se prevé, se expandirán y en la declaración conjunta de los acuerdos a los que llegaron ambas naciones no se especifican cifras ni temporalidad.

Su presencia, advierte Saiz, puede crecer de forma exponencial, con esperas de dos a tres años.

Las personas que aguardan en en el norte de México están en una situación preocupante porque no están documentadas, no pueden trabajar y están expuestas a extorsiones, a ser detenidas, deportadas y al crimen organizado.

Ante ello, destaca la necesidad de revisar este acuerdo, porque no se pueden seguir comprometiendo las capacidades humanas y materiales de la frontera norte. Necesitamos conocer el plan del gobierno mexicano.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados define al tercer país seguro en un concepto usado como parte de los procedimientos de asilo para transferir la responsabilidad del examen de una solicitud de asilo de un país de acogida a otro capaz de proporcionar protección a los solicitantes de asilo y los refugiados.