La puesta en marcha de la Ley General de Archivos –el próximo 15 de junio– tendrá como uno de sus principales retos contar con presupuesto y personal suficientes, sobre todo a escalas estatal y municipal, y al mismo tiempo entender que no todas las dependencias podrán avanzar al mismo ritmo en esta materia.

Así lo afirmaron los participantes en la presentación del cuadernillo Los archivos históricos y la gestión documental, quienes destacaron que sin una adecuada organización de la memoria archivística del país, no es posible garantizar el acceso a la información ni el ejercicio integral de la democracia.

José Antonio Ramírez de León, autor del volumen, subrayó que hay una necesidad urgente de abatir el rezago existente en el país en este terreno, para lo cual será necesario que el Archivo General de la Nación (AGN) amplíe sus capacidades, ya que de verificar el desempeño de 300 sujetos obligados, ahora deberá hacerlo con 12 mil.

De igual manera, de estudiar la forma en que trabajaban 800 archivos de todo el país, tendrá que hacerlo con más de 3 mil.

Por su parte, Óscar Guerra Ford, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), enfatizó que la Ley General de Archivos no podrá operar a escalas estatal y municipal sin garantizar el presupuesto suficiente para ello.

Sobre el tema, Claudia Ávalos, directora y fundadora de la Asociación Iberoamericana de Protección de Datos y Ciberseguridad, alertó que será complicado que los congresos locales otorguen los recursos necesarios para crear su infraestructura archivística si no entienden la trascendencia del tema.

De igual manera, destacó que el reducido número de universidades que imparten estudios profesionales relacionados con archivos hace que la cantidad de personas con capacidades de organización suficientes en este terreno sea muy reducida para lo que establece la ley.