Con independencia de los recursos legales que se interpongan contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, la obra estará lista en tres años, aseguró Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), esto luego de que el Primer Tribunal Colegiado Administrativo con sede en Naucalpan, estado de México, advirtió que la construcción de la terminal aérea ocasionará degradación de las tierras y de los ecosistemas.

El colegiado concedió una suspensión provisional a un particular a finales de mayo para que no se realicen las obras –previstas para arrancar en junio– hasta que las autoridades cuenten con todos los dictámenes legales y ambientales, de lo contrario, consideró, existiría un daño inminente e irreparable

Esperemos que los temas legales se superen, porque vamos a demostrar que se están cubriendo todos los trámites, todos los aspectos. Se están obteniendo todos los permisos y se están resolviendo todas las disposiciones existentes. Entonces no habrá, yo supongo, ningún problema de naturaleza ministerial, declaró el funcionario, luego de participar en Mobile 360 América Latina.

En línea con lo afirmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador horas antes, Jiménez Espriú reiteró que no hay nada que suspender, dado que la construcción no ha iniciado. Una vez que se tenga la manifestación de impacto ambiental aprobada, y esto sería hasta finales de junio, se verá. Esperemos que no se retrase el inicio de la obra, dijo.

En la resolución del tribunal se afirma que en el predio se removería y destruiría su vegetación y fauna, y las consecuencias de la construcción razonablemente podrían afectar zonas protegidas y adyacentes, así como provocar una modificación en el ciclo hidrológico al no captar la superficie natural de manera directa el agua de lluvia. Además, dijo que ocasionaría aumento en la densidad poblacional de la región; un impacto vial, terrestre y sanitario.

Será este jueves cuando se resuelva la suspensión definitiva del amparo que interpuso Juan Morera Mitre. Fuentes del Poder Judicial confirmaron que organizaciones sociales y despachos han interpuesto 147 juicios de amparo.

Habitantes de los municipios mexiquenses de Zumpango consideraron una tregua la suspensión. Es oxígeno para los pueblos que pedimos haya congruencia entre el proyecto del aeropuerto y los impactos reales en el medio ambiente, expuso Benjamín Galindo Pizaña, activista del pueblo de San Lucas Xolos.

El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, asesor de los opositores a la construcción, también celebró la resolución y dijo que abre la puerta para presentación de más amparos.

(Con información de Dora Villanueva, César Arellano García, reporteros, y Silvia Chávez González y Javier Salinas Cesáreo, corresponsales)