Madrid. Los restos del dictador Francisco Franco permanecerán, al menos de momento, en la cripta del Valle de los Caídos, el monumento construido en su mayor parte con el trabajo forzado de los presos republicanos.

El Tribunal Supremo, en concreto la sección cuarta, integrada por cinco magistrados, acordaron la suspensión de la exhumación de los restos, promovida por el gobierno socialista que encabeza Pedro Sánchez, con la cual pretendía hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica, y sobre todo, dar respuesta a las peticiones de reparación de daño a las víctimas y familiares de la represión franquista.

Antes de llegar a la presidencia, Sánchez anunció que su primera medida de gobierno sería exhumar los restos de Franco y trasladarlos a una cripta familiar. Sin embargo, parientes del dictador se opusieron y con el apoyo de parte de la Iglesia católica española presentaron recursos ante la justicia, argumentando el derecho de la familia a disponer de los restos.

Finalmente, el Tribunal Supremo decidió por unanimidad acceder a la petición de suspender de manera cautelar la exhumación, para evitar un grave trastorno a los intereses públicos encarnados en el Estado y sus instituciones, debido a que Franco fue mandatario del país de 1939 hasta su muerte en 1975. El gobierno de Sánchez criticó el fallo.

En tanto, la fiscalía del Estado español presentó sus acusaciones finales ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en el caso abierto contra 12 líderes independentistas que impulsaron la declaración unilateral de independencia de octubre de 2017. En el escrito, los fiscales ratifican sus peticiones de condena por los delitos de rebelión, malversación de recursos públicos y desobediencia, al considerar que en aquellas semanas en Cataluña se perpetró un golpe de Estado en el que se ejerció la violencia.

La fiscalía aseguró que este proceso no se trata de un juicio político, como afirma el independentismo catalán, porque no se persiguen ideas ni proyectos incompatibles con el orden constitucional; la razón es, ni más ni menos, que haber intentado liquidar la Constitución de 1978.