Moscú. El embajador ruso en Venezuela, Vladimir Zayemski, desmintió ayer informaciones de que Moscú había retirado a sus expertos militares del país sudamericano, informó el portal de noticias RT.

Poco antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había tuiteado que Rusia le había informado sobre esa disminución de personal, algo que no fue confirmado por el Kremlin.

Esta es otra noticia que no corresponde a la realidad. El trabajo se lleva a cabo de conformidad con los compromisos existentes, y no se habla de ninguna reducción, declaró Zayemski a la agencia de noticias rusa RIA Novosti.

El conglomerado industrial-militar ruso Rostec, que opera en Venezuela, negó que haya habido cambios y desestimó un informe publicado el domingo en el diario estadunidense Wall Street Journal, el cual señaló que había unos mil expertos y ahora sólo quedan unas cuantas decenas.

Los números citados por el diario son exagerados, afirmó Rostec en un comunicado. En cuanto a los especialistas técnicos, éstos llegan periódicamente al país a hacerse cargo de la reparación y el mantenimiento de los equipos. Hace poco, por ejemplo, se completó el cuidado técnico de un lote de aviones, explicó el conglomerado.

Una vocera de Rostec indicó: en nuestra oficina en Venezuela trabajan unas 10 personas y siempre ha sido así.

Pero el Wall Street Journal reportó que Rostec tenía una presencia mucho mayor en Venezuela entrenando tropas y asesorando sobre la venta de armas. Según el diario, que citó a una fuente cercana al ministerio ruso de Defensa, la retirada de personal se debió a la ausencia de nuevos contratos por la falta de liquidez del gobierno de Nicolás Maduro. El Kremlin declinó comentar la investigación del periódico.

Washington y Moscú se han enfrentado en los últimos meses por la república bolivariana, con acusaciones mutuas de buscar desestabilizar al país con las mayores reservas de petróleo del mundo.

Venezuela, sumida en una aguda crisis económica, enfrenta desde enero una grave situación política debido a que el jefe parlamentario Juan Guaidó se proclamó presidente encargado y fue reconocido por Estados Unidos y medio centenar de países.

Moscú envió en marzo pasado dos aviones con unos 100 efectivos y equipos militares a Caracas, en cumplimiento a un acuerdo firmado en 2001 con el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013.

Trump, quien no descarta el uso de la fuerza para propiciar la salida de Maduro, llamó entonces al gobierno de Vladimir Putin a abandonar el territorio venezolano.

Washington ha pedido a Moscú que deje de apoyar a Maduro, solicitud rechazada por Rusia, que acusa a Estados Unidos de intenciones golpistas contrarias al derecho internacional.

Cancilleres del Grupo de Lima y del Grupo Internacional de Contacto impulsado por la Unión Europea acordaron ayer que hablarán con naciones que apoyan al gobierno de Maduro para que éstas sean parte de una solución pacífica en Venezuela que resulte en elecciones libres y justas. También mencionaron que apoyan a la Asamblea Nacional venezolana, en manos de la oposición, y pidieron que se restituyan y respeten sus poderes, además de solicitar la liberación de los presos políticos.

En tanto, fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitaron documentos a Citgo Petroleum Corp, filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), en medio de una investigación sobre sobornos.

Citgo confirmó en un comunicado que recibió una citación y acordó cooperar con la investigación que se abrió a proveedores de la empresa en Estados Unidos.

El proceso judicial llega cuando la compañía, que maneja refinerías en el estado de Texas, pasó a ser controlada por un equipo que designó Guaidó.

Al frente de Citgo está una junta temporal que cortó lazos con PDVSA luego de las sanciones acordadas por Estados Unidos para detener el flujo de caja a Venezuela y aumentar la presión para conseguir la salida de Maduro.

Unas 21 personas han sido acusadas en la investigación por supuestos sobornos del Departamento de Justicia. De ese grupo, 16 se han declarado culpables.

Hasta ahora funcionarios del gobierno de Maduro han descalificado las investigaciones en Estados Unidos sobre corrupción en PDVSA, que atribuyen a una campaña política de desprestigio.