La tensión en Los Altos de Chiapas ha llegado a un límite y cientos de personas están en riesgo. La semana pasada un grupo paramilitar lanzó ataques armados contra varias comunidades del municipio de Aldama, lo que ha llevado a decenas de familias a desplazarse de manera forzada y esconderse en las montañas.

Ante ello, activistas y representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos iniciaron el viernes una misión de observación a esa remota zona chiapaneca. Se preveía que los especialistas concluyeran sus actividades anoche. Sin embargo, ante la complejidad de la situación, permanecerán en las comunidades al menos hasta mañana.

Esta crisis es histórica. El conflicto por tierras entre comunidades de los municipios de Chenalhó y Aldama surgió hace décadas. Esto ha orillado a miles de personas a dejar sus comunidades, sus tierras, lo poco que tienen.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en San Cristóbal de las Casas, denunció el 22 de mayo que desde temprano gente proveniente de Santa Martha, Chenalhó, abrió fuego contra los tzotziles de las comunidades de Aldama, entre ellas Tabak, San Pedro Cotsilnam, Puente, Cocó’, Xchuchte y Stselej Potop.

Los ataques obligan a al menos 2 mil personas a dejar sus comunidades e internarse en la montaña de manera intermitente, pues cuando los disparos cesan retornan a sus hogares, con los riesgos que eso implica.

El conflicto, de carácter territorial, se originó en las décadas de 1970 y 1980. La diferencia agraria no ha sido atendida a fondo, lo que ha derivado en violencia. La tensión creció a finales de 2017.

De acuerdo con pobladores de Aldama, la violencia contra las comunidades de este municipio ha dejado de 2017 a la fecha cuatro asesinatos, 12 heridos (dos de ellos menores de edad), miles de desplazados y miedo constante.

Cuando la misión de CNDH, ONU-DH y organizaciones sociales concluyan, emitirán un primer pronunciamiento conjunto, en el que se prevé hagan un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno a garantizar la seguridad e integridad de los pobladores y a resolver el conflicto.