as elecciones en seis estados de la República, a celebrarse hoy, han despertado cierta expectación. La elección extraordinaria en Puebla para elegir a un gobernador, después de la trágica muerte de la gobernadora Martha Érika Alonso, es la que más atrae la atención del país.

Lo que hace particularmente relevante a este proceso electoral es que se desarrolla en el nuevo régimen que ha prometido la erradicación del fraude electoral y el paso a una nueva etapa de usos y costumbres para romper con la tradición de trampas electorales que se han presentado desde los albores de la República en 1828. Además, esto ocurre dentro de un marco jurídico distinto: la Fiscalía General de la República ha adquirido autonomía constitucional y por lo tanto también la Fiscalía Electoral. Son instrumentos renovados que se ponen a prueba.

Jorge Carpizo decía que la característica principal de las elecciones mexicanas era la de ser una feria de las desconfianzas. Este hecho hizo que se volviera un verdadero vicio la reforma cíclica a las leyes electorales que en el viejo régimen intentaba crear la ilusión de certidumbre y mantener las ventajas para definir por medios no electorales a quien sería el triunfador, al menos en las elecciones presidenciales.

Dos características puedo señalar como diferencia entre estas elecciones y las anteriores. La primera es la actitud distinta del gobierno federal, y suponemos que favorable al sufragio efectivo. La segunda es que a raíz de la gran desconfianza estas elecciones son muy vigiladas, quizás excesivamente vigiladas. No sólo el INE y la Fiscalía Electoral federal, además de las fiscalías locales, están observando con lupa la preparación de estos comicios; por primera vez intervienen, para cerciorarse de su pulcritud, otras autoridades en cada una de las seis entidades: los gobiernos locales, las agencias de inteligencia del Estado, las policías de los diferentes niveles, el Ejército y la Marina; así como las secretarías de Gobernación, de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y la del Bienestar, junto con las dependencias de protección civil de los estados. Si este sistema funciona, podemos confiar en que estas elecciones serán libres y justas.

Colaboró: Mario Antonio Domínguez