La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH) manifestaron su preocupación por el aumento de los asesinatos de activistas en México durante los primeros cuatro meses de 2019 en comparación con años anteriores.

Destacaron que al menos 10 defensores de derechos humanos (nueve hombres y una mujer) fueron asesinados en este periodo, cifra cercana a los al menos 13 casos documentados durante todo 2018, lo cual supone un significativo aumento de la violencia. Especialmente resaltaron su preocupación porque ocho de las víctimas son indígenas.

Recordaron los casos de Sinar Corzo, ultimado el 3 de enero en Arriaga, Chiapas; Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez, desaparecidos el 17 de enero y encontrados muertos al día siguiente en Amatán, Chiapas; Óscar Cazorla, asesinado el 9 de febrero en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; Samir Flores, muerto el 20 de febrero en Amilcingo, Morelos, y Abiram Hernández Fernández, el 30 de marzo en Veracruz.

En el contexto del Mecanismo de Acciones Conjuntas para Contribuir a la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos en América, la CIDH y la ONUDH expresaron también su preocupación por la continuidad de actos de violencia e intimidación que han enfrentado quienes defienden los derechos humanos en la región en lo que va de 2019.

Advirtieron que la región continúa siendo una de las más peligrosas para ejercer la labor de defensa de derechos humanos en el mundo. En un comunicado, señalaron que varios países del continente lideran las cifras mundiales de asesinatos a este gremio, quienes además enfrentan amenazas, ataques, hostigamientos, actos de intimidación, campañas de estigmatización y desprestigio, así como procesos de criminalización por su legítima labor.

Indicaron que Colombia se mantiene como uno de los países con más homicidios de defensores de derechos humanos, pues del 1º de enero al 30 de abril la ONUDH recibió 51 quejas, de las cuales al menos 21 han sido verificadas.

Ambos organismos recordaron que es obligación de los estados investigar de oficio los hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. Asimismo, los instaron a agotar todas las líneas de investigación relevantes para esclarecer los homicidios, incluyendo la posible vinculación entre éstos, las desapariciones y otras agresiones con la labor de los activistas.