Madrid. El magnate mexicano del acero, Alonso Ancira, detenido el pasado martes en Palma de Mallorca, pasó su tercera noche entre rejas en el centro penitenciario de la capital de las Islas Baleares. Su abogado, el prestigioso penalista Ismael Oliver, presentó ante el juzgado de instrucción número uno de la Audiencia Nacional (AN) una solicitud formal para que su defendido sea trasladado a una prisión de Madrid, además de que insistió en su petición de ser al menos puesto en libertad bajo fianza dados sus 67 años de edad y que padece diabetes.

El presidente de Altos Hornos de México (AHMSA) es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) del delito de lavado de capitales y de grave daño al patrimonio público.

El origen de la denuncia es la operación de compraventa en 2014 de una petroquímica obsoleta y en desuso, Agro Nitrogenados, por Petróleos Mexicanos (Pemex), entonces bajo la dirección de Emilio Lozoya, que entregó una suma 10 veces superior a su costo real, por lo que se pagaron 500 millones de dólares por un inmueble de 50 millones.

Según explicó a La Jornada el abogado, el empresario metalúrgico se encuentra en el centro penitenciario de Palma de Mallorca, donde permanecerá hasta que haya nueva orden del juez instructor, en este caso el responsable del juzgado número uno de la AN, Santiago Pedraz. Oliver explicó que la primera petición que hizo de manera formal al juez fue el traslado de su defendido a una cárcel de Madrid, tanto por la cercanía con el juzgado donde prestará declaración –con lo que evitará las comparecencias por videoconferencia– como por la proximidad que tendrá con su abogado, que tiene su despacho en la capital española.

Soto del Real

Lo más probable es que Ancira sea enviado en los próximos días a la cárcel de alta seguridad de Soto del Real –a unos 70 kilómetros de la capital española–, donde se suele enviar a los delincuentes más peligrosos, como terroristas, narcotraficantes y empresarios o políticos corruptos.

A esta prisión ya fueron enviados en su día el banquero mexicano Ángel Isidoro Rodríguez, alías El Divino, cuando fue detenido también en España; los políticos mexicanos Humberto Moreira, ex presidente nacional del PRI, y Javier Nava Soria, supuesto prestanombres del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, así como Diego Cruz Alonso, conocido como miembro de Los Porkys, quien se fugó a Madrid cuando se destapó el escándalo de la violación y vejación grupal contra una menor de edad en Veracruz.

Oliver es un reputado penalista experto en procesos de extradición, en concreto del Tratado Bilateral de Extradición y Asistencia Mutua firmado entre México y España en 1995. De hecho, su último defendido, el prestanombres de Javier Duarte, no fue extraditado y le ganó el juicio al Estado mexicano.

La FGR tiene hasta 60 días para presentar su petición de extradición, con lo que se daría inicio formal al juicio. Mientras, la agregaduría legal de la FGR en Madrid, con sede en la embajada de México, se encuentra sin delegado y en la oficina únicamente hay adjuntos y subalternos que se niegan a ofrecer a los medios de comunicación los pormenores del caso.