Zumpango, Méx., Entre numerosos cuestionamientos por parte de habitantes, expertos, activistas y autoridades locales, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizó ayer una reunión pública informativa sobre el proyecto de construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, en la cual hubo una respuesta prácticamente unánime de rechazo a la iniciativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En el auditorio de la Escuela Primaria Pedro Rodríguez Vargas, ubicada en el municipio de Zumpango, estado de México, las autoridades del Ejército y del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentaron durante una hora y media los datos principales del proyecto, muchos de los cuales están incluidos en la manifestación de impacto ambiental (MIA) elaborada por ambas dependencias.

El teniente coronel Luis Enrique Calderón Fernández, del Agrupamiento de Ingenieros de Santa Lucía, expuso que en el aeropuerto mixto civil-militar que se pretende construir habría tres pistas, en las cuales podrían operar aviones de grandes dimensiones, con el objetivo de que, en su fase inicial, la terminal pueda recibir 20 millones de pasajeros al año, para concluir con 80 millones cuando la obra alcance su máxima capacidad.

De igual manera, detalló que podrían recibirse 350 mil toneladas de mercancías en 10 posiciones de contacto, con miras a llegar a 700 mil, y almacenar 25 mil litros de combustible, para llegar a 75 mil litros.

La ampliación de la base aérea creada en 1952, apuntó, permitiría recibir 190 mil vuelos al año al inicio de las actividades de la nueva terminal, con el objetivo de llegar a 750 mil al año, para un total de 80 millones de pasajeros, casi el doble de los 45 millones que hoy recibe el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Calderón indicó que haría falta adquirir mil 284 hectáreas para ampliar la terminal de Santa Lucía, en las cuales se ubicaría una zona de amortiguamiento acústico. En dicha región, añadió, hoy sólo existen sembradíos pertenecientes a los municipios de Nextlalpan, Tecámac y Zumpango.

La adquisición de dichas tierras sería a través de la compra directa con los propietarios de ejidos que estén dispuestos a vender sus propiedades, pero también se contempla la posibilidad de expropiar terrenos en los casos donde no haya acuerdo y estén en manos de privados.

Respecto al tema de la disponibilidad de agua, Jesús Mejía Gómez, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, explicó que el nuevo aeropuerto requeriría 6 mil metros cúbicos de líquido al día, una cantidad 184 veces menor de lo que hoy significa el consumo público urbano, por lo que reiteró en varias ocasiones que no habría peligro de desabasto para la población.

Al iniciar la sesión de preguntas y respuestas, la gran mayoría de los asistentes a la reunión informativa lanzó cuestionamientos y críticas sobre el carácter incompleto de la información presentada por las autoridades, y pidió mayores detalles sobre la manera en que supuestamente se evitaría el desabasto de agua, en una región donde ya existe una sobreexplotación de los mantos freáticos de más de 600 por ciento.

De igual manera, los inconformes preguntaron cómo se evitaría el daño a la flora y fauna de la región y la forma en que se manejaría el patrimonio arqueológico, e incluso cuestionaron que no se hiciera mención a los daños sicológicos que puedan generar las obras en los habitantes de los municipios afectados por las obras, tanto por el ruido de los trabajos como por tener que dejar sus domicilios, en los casos en que así sea. En un auditorio que por momentos se ocupó en tres cuartas partes, pero que después empezó a tener menos asistentes, las intervenciones fueron prácticamente unánimes en contra de la edificación del nuevo aeropuerto, salvo algunas pocas intervenciones para preguntar cómo se podría conseguir empleo en la obra o manifestar su respaldo al criterio de López Obrador con respecto a Santa Lucía.

De igual forma, durante la etapa de presentación de ponencias, los académicos, pobladores y expertos en temas ambientales que tomaron la palabra señalaron que los estudios elaborados por el Ejército y el Instituto de Ingeniería de la UNAM carecían de evaluaciones realistas y conclusiones certeras.

El profesor-investigador Hernán Correa, docente de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, enfatizó, por ejemplo, que la MIA presentada por el gobierno tiene contradicciones muy claras entre el diagnóstico inicial de la situación, donde se advierte de la existencia de problemas ambientales graves en la región, y las conclusiones, en las que minimiza dichos riesgos y señala que la terminal aérea es viable.

En diversas ocasiones, grupos de pobladores de la zona corearon agua sí, aviones no y desplegaron mantas en rechazo al proyecto. Casi al final del acto, integrantes de organizaciones sociales y vecinales subieron al templete y advirtieron que no permitirán la instalación del nuevo aeropuerto, debido a que pone en riesgo la viabilidad hídrica de la región y sólo beneficiaría a grupos de inversionistas privados.