La Secretaría de la Función Pública (SFP) planea mantener los recortes en el gobierno federal hasta el 30 de junio, fecha en la que deberán estar concretados todos los ceses de acuerdo con la política de austeridad.

Del millón 320 mil 175 puestos laborales que conforman la estructura que tiene el gobierno federal, 113 mil son servidores de mando y enlace, considerados como de confianza, y quienes podrían verse afectados, ya sea con reubicación, recorte o no renovación de su contrato, es decir, 8.6 por ciento de los trabajadores están en posibilidad de verse afectados, indicó Francisco Varela Sandoval, titular de la Unidad de Política de Recursos Humanos de la administración pública federal.

Ayer, en una conferencia de prensa encabezada por la subsecretaria de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones públicas de la SFP, Tania de la Paz Pérez Farca, para explicar los elementos que contiene la política de austeridad republicana –pero en la que dijeron desconocer la cantidad de recortes que tendrá en suma la administración federal– Varela aseguró que 92 de cada 100 trabajadores del gobierno mantendrán sus condiciones laborales.

Por su parte, la subsecretaria de Responsabilidades Administrativas acusó que se ha difundido una visión errónea de la austeridad republicana. A partir de la emisión del memorando se han divulgado en la opinión diversas versiones y documentos que han contribuido a dibujar una visión incorrecta sobre la austeridad republicana. Todo cambio al interior de las instituciones enfrenta resistencias, es por esto que la Secretaría de la Función Pública realiza hoy este ejercicio de transparencia, señaló Pérez Farca.

Tras ser cuestionados sobre la cifra total de despidos o recortes en el gobierno federal e institutos públicos, ambos dijeron desconocer la cifra y señalaron que el recorte final dependerá de cada secretaría o dependencia, ya que se encargarán de manera independiente de identificar las plazas duplicadas que serán recortadas. Aunque durante las últimas semanas distintos sindicatos han reclamado por el recorte de personal de dependencias públicas, Varela sostuvo que muchos de esos casos no son considerados despidos, debido a que se trata de personal que labora bajo honorarios con contratos semestrales. Muchos no renovaron su contrato, pero eso en términos laborales y de la relación con las instituciones no es un despido, agregó.

Sin precisar la cifra, dijo que 50 por ciento de los trabajadores por honorarios no fueron renovados. Además, recalcó que en el Presupuesto de Egresos se estableció una reducción de 20 por ciento de recursos en gastos y servicios personales.