ué tuvo que suceder para que la legisladora local Samantha Arroyo Salgado, el mismo día que tomó posesión del cargo, pidiera ser considerada diputada independiente? ¿Se le acercó el poder y la tentó con una oferta jugosa, imposible de rechazar, para que defeccionara?

¿Lo hizo por convicción propia después de observar el desempeño de la fracción parlamentaria a la que estaría adscrita y no resultar convencida? ¿Lo hizo por razones ideológicas? ¿Tal vez la decisión fue por estar en desacuerdo con el desempeño del gobierno de Morena en el país?

Puede que nunca se conozca respuesta a esas preguntas que, por lo demás, siempre seguirán haciéndose, pues siempre habrá representantes populares que decidan cambiar de bando en cualquier momento, el que ellos consideren conveniente, y por los motivos más variados e incluso contradictorios. Eso no debería causar extrañeza; así es la democracia.

Lo que sí puede afirmarse con relativa certeza es que entre los efectos más probables y más notorios que tendrá su renuncia estará que el grupo que aún conserva la mayoría relativa en el Congreso local enfrentará más dificultades para concretar sus intenciones por medio del voto.

Quizá eso obligue a algunos de sus más conspicuos representantes a atemperar la actitud que la oposición –en general, más experimentada en las lides políticas y en la vida que los morenistas– ha tachado de soberbia.

Tal vez el pueblo de Guerrero verá a unos diputados morenistas más dispuestos al diálogo y a la negociación. Y en ese sentido puede que este cambio resulte favorable, pues al parlamento se debe ir a parlamentar; es decir, a hablar, a dialogar, a convencer con la fuerza de los argumentos, en principio, porque un buen demócrata deja la fuerza de los votos como último recurso.

Porque no se trata de vencer al enemigo, sino de convencer al adversario de ocasión, para emprender juntos la solución a los problemas de la sociedad. Porque no hay personalidades iluminadas, y porque la verdad no es monopolio de una expresión política.