urante cuatro décadas México fue sometido a una lógica de cambio en su sentido histórico que lo separó de la ruta constructiva del ideario nacional por justicia, democracia y contra la discriminación y el racismo, que inspiró las tres grandes transformaciones anteriores: Independencia, Reforma, Revolución. En su lugar se optó por una restructuración regresiva que se apoyó en una aplicación in extremis de los criterios neoliberales y los estratos favorecidos por ellos, que ahora ven amenazadas sus posiciones de poder y son quienes expresan su inconformismo.

Es claro que el neoliberalismo educativo se instaló, arrinconó al Estado o hizo de él una cautiva presa a la que se le intentan arrancar recursos, ya de por sí escasos pues, como afirma la filósofa brasileña Marilena Chaui, el neoliberalismo es el encogimiento del espacio público de los derechos y la extensión del espacio privado de los intereses del mercado.

Ahora que el Ejecutivo ha dado a conocer el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y que el Legislativo aprobó la reforma educativa que sustituirá a la impuesta con el Pacto por México, se ha atizado lo que parece ser una campaña de desacreditación de la instancia encargada de impulsar la actividad científica del más alto nivel (Conacyt), y desde los medios se ha centrado el dardo en una nada disimulada crítica a la titular del mismo, casi desde que entró en funciones, y al conjunto de documentos programáticos en que se desea plasmar una reorientación del quehacer de los cuerpos de investigación y en quienes recaería la responsabilidad de ejecutar los lineamientos de la nueva política gubernamental en materia científica.

La ley que rige al sector (vigente desde 2002) surge del foxismo, aun con sus fracciones agregadas, y conserva ese tono con el que se sobrecargó la política científica desde aquella época, centrado en la retórica de la innovación y la lógica del emprendedurismo. La política del sector sucumbió doblemente a la ideología de la competencia, pues la dimensión subjetiva de la cultura meritocrática se ancla a una supuesta solidez objetiva que se centra en lógicas tecnocientíficas. Sin embargo, muy escasamente se cumplió con objetivos que serían acordes con ese esquema (generación de patentes, impulso de las nuevas características del saber científico); lejos pues de superar la dependencia tecnológica y el colonialismo intelectual, se les procuraron nuevos nichos.

Al tiempo que se afianzó la tendencia a establecer una capa tecnocrática que se ha especializado en labores de dirección y que impide la rotatividad en los cargos de gestión (pues autorreproduce linajes en esferas administrativas, normativas y de adjudicación del prestigio), se duplicaron funciones y se concentraron recursos en instancias del saber experto que guardan un insólito parecido con los órganos reguladores de otro tipo de sectores (de energía, telecomunicaciones, etcétera) por vía de los cuales hasta la gran empresa se beneficia del erario. La evaluación en ese ámbito dio prioridad a lo cuantitativo por encima de lo cualitativo, se inclinó al cortoplacismo, atomizó y sobrespecializó al sujeto cognoscente, quedando así obturadas otro tipo de prácticas, otro tipo de criterios de la función que deben cumplir las comunidades académicas y se frenaron nuevos entendimientos (desjerarquizados, inclusivos, interdisciplinarios, interculturales) de la relación que debe desplegar la comunidad de los científicos respecto a otro tipo de comunidades.

Mirar las cosas desde este enfoque (que es en lo que consistiría reivindicar una perspectiva crítica y comprometida, desde las humanidades) revela aspectos importantes, por ejemplo, el privilegio a un principio de precaución sobre el tema de los transgénicos y a otra serie de problemas de la bioseguridad. Cobra otro sentido también el propósito de impulsar la agroecología y establecer otra relación con respecto a los territorios y las comunidades que viven en dichos territorios.

Pero no es que el esquema anterior careciera de compromiso; filosofías, ciencias y tecnologías están inherentemente cargadas de valores. El espíritu de la ley anterior lo estableció con los actores en los que fijó sus prioridades (científicos vinculados al circuito empresarial, que es en lo que consiste el capitalismo académico), de ahí también la dificultad para avanzar hacia otros derroteros: el de unas ciencias, humanidades y tecnologías comprometidas socialmente, y ya por ello críticas del esquema vigente.

*Economista, filósofo político y latinoamericanista, profesor e investigador de la UNAM