La información completa sobre las personas físicas y morales que fueron beneficiadas con la condonación de créditos fiscales, así como el monto de los mismos, no puede darse a conocer hasta que un juez termine de contabilizar y estudiar los amparos interpuestos por las empresas que tratan de ocultar dicha información.

Así lo indicó Iván Benumea, investigador del programa de justicia fiscal del Centro de Análisis e Investigación Fundar, quien lamentó que al presentar juicios de amparo sobre el tema, las compañías que recibieron las condonaciones generan un clima de incertidumbre jurídica que le ha impedido al Servicio de Administración Tributaria (SAT) revelar esos datos.

En entrevista con La Jornada, Benumea recordó que él y un grupo de investigadores solicitó conocer a quiénes se le otorgaron condonaciones fiscales en el periodo que va de 2007 al 4 de mayo de 2015, pero muchos corporativos y empresas del sector financiero se ampararon contra una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) que ordenaba la entrega de esa información.

Lo anterior provocó incertidumbre jurídica sobre si el SAT puede revelar la información o no, considerando que antes había un marco jurídico distinto, pues antes de una reforma legal hecha en 2014, el Código Fiscal de la Federación sí protegía estos datos por el secreto fiscal.

En este momento, indicó Benumea, el juez encargado del caso debe contabilizar y estudiar los amparos de todas las personas morales que los interpusieron, y cuando tenga certeza sobre las condiciones de dichas herramientas jurídicas de los contribuyentes, podrá decidir si revela o no la información solicitada.

De igual forma, el investigador señaló que el nuevo contexto político generado por la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador haría posible que la información se dé a conocer de manera proactiva, sobre todo porque se trata de datos que revelan de qué forma se han utilizado los recursos públicos.