Zacatecas, Zac., Al cumplirse 56 días del bloqueo a la mina de oro y plata a cielo abierto Peñasquito, propiedad de Newmont-Goldcorp, transportistas y ejidatarios de la comunidad San Juan de Cedros, municipio de Mazapil, anunciaron que continuarán con su protesta y emplazaron a la trasnacional a cumplir los compromisos de ocupación temporal y responsabilidad social o que se vaya.

En dos asambleas comunitarias frente al acceso principal a la mina, ubicada 305 kilómetros al noroeste de la capital del estado, el Frente Popular de Lucha de Zacatecas, el Frente de Comunidades Afectadas por la Minería y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala informaron que hace siete años les prometieron que la llegada del corporativo traería desarrollo a esta zona del semidesierto, pero sólo afectó el territorio, el medio ambiente, la salud y la vida. Ya nada fue igual.

Por su parte, la Cámara Minera de México (Camimex), expresó su respaldo a la trasnacional Newmont-Goldcorp y exigió a los gobiernos local y federal resolver el problema de manera expedita, pues afecta los ingresos de 20 mil personas que trabajan de manera directa e indirecta en la mina.

“La Camimex no ve conflicto comunitario entre la trasnacional y los ejidatarios de San Juan de Cedros –quienes protestan por el abatimiento de los mantos freáticos, un manantial y cinco pozos agrícolas–, pues el cierre indebido de la mina Peñasquito fue realizado exclusivamente por integrantes de la compañía transportista Cava.

Hasta ahora no hay un mensaje de las autoridades que brinde certeza a empresas e inversionistas. Como consecuencia de este bloqueo ilegal, Newmont Goldcorp México reporta pérdidas diarias de 50 millones de pesos, lo que perjudica gravemente el bienestar de las familias zacatecanas y la vida comunitaria de 25 poblaciones vecinas, expuso.

Sobre el rechazo de pobladores a la construcción de la presa Milpillas en el municipio de Jiménez del Teúl, la Secretaría de Gobernación federal emplazó al gobierno de Zacatecas a proteger a Grecia Rodríguez Navarro, asesora legal y representante de los ejidatarios que se oponen a dicho proyecto hídrico, quien ha recibido amenazas de muerte.

La activista, quien está acogida al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, denunció que teme por su vida, pues hace unos días desconocidos merodearon su casa y tomaron fotografías.