Chilpancingo, Gro., La noche del 26 de septiembre de 2014, el autobús en que viajaban los integrantes del equipo de futbol Avispones, de Tercera División, fue atacado en la ciudad de Iguala por presuntos miembros de la organización criminal Guerreros Unidos y policías a su servicio, los mismos que esa noche ametrallaron a estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, tras lo cual 43 de ellos desaparecieron y no han sido localizados.

En el ataque fueron asesinados David Josué García Evangelista, El Zurdito, jugador de 15 años de edad; el chofer del autobús, Víctor Manuel Lugo Ortiz, y Blanca Montiel Sánchez, pasajera de un taxi que circulaba cerca del lugar del atentado.

En ese entonces era presidente honorario del equipo de futbol el también alcalde de Chilpancingo Mario Moreno Arcos. Debido a que la Federación Mexicana de Futbol prohíbe que dicho cargo sea ocupado por funcionarios, se optó por la figura de una asociación civil. Posteriormente Marco Antonio Leyva Mena –sucesor de Moreno Arcos– designó presidente del equipo a Marco Iván Rodríguez Navarrete, quien fue localizado muerto ayer, aunque patrocinaba al equipo desde hacía meses.

Ese día, los Avispones, cuya sede se encuentra en la ciudad de Chilpancingo, acudieron a Iguala para inaugurar la temporada de la Tercera División, en un partido que jugaron contra el Iguala FC, al que vencieron 3 goles a 1.

De regreso, en el cruce a Santa Teresa, aproximadamente a 10 kilómetros de Iguala, fueron emboscados –según los sobrevivientes– por policías municipales y hombres vestidos de negro, presuntos miembros de Guerreros Unidos, quienes descargaron ráfagas contra el autobús de la empresa Castro Tours.

En marzo de 2018, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo a un jugador del equipo Avispones –afectado por ataques de policías e integrantes de Guerreros Unidos–, para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) le repare en forma integral los daños sufridos.

Los ministros determinaron que la CEAV omitió consignar en forma detallada las necesidades de los demandantes de amparo que fueron víctimas de un delito y de violaciones a sus derechos humanos.