Madrid. El Congreso de los Diputados comenzó ayer la décimotercera legislatura con una sesión tensa y de fragmentación entre los distintos grupos parlamentarios. El momento de mayor crispación fue cuando los líderes catalanes que resultaron electos en los comicios del 28 de abril, tomaron posesión de su escaño, con la advertencia de que acataban la Constitución por imperativo legal y por el futuro de la república, luego de definirse como presos políticos, lo que provocó abucheos de la bancada de Vox, de extrema derecha.

El preámbulo de la sesión estuvo marcado por la presencia en el Congreso, por segundo día consecutivo, de Oriol Junqueras, Jordi Turull, Jordi Sánchez y Josep Rull, los cuatro diputados catalanes que son juzgados en el Tribunal Supremo por participar en la fallida declaración de independencia en 2017, acusados de rebelión, sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia.

Los cuatro legisladores llegaron desde la prisión de máxima seguridad de Soto del Real protegidos por un fuerte dispositivo de seguridad.

Junqueras saludó de mano al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a quien dijo: tenemos que hablar.

El primer acto de la nueva legislatura fue elegir a la nueva presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, quien ganó en segunda votación por mayoría simple con los 175 votos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Unidas Podemos (UP), el Partido Nacionalista Vasco (PNV), el de Coalición Canaria (CC) y Compromis.

Batet se convirtió así en la primera mujer catalana en asumir el tercer cargo más importante en la estructura del Estado español.

La primera controversia ocurrió durante la votación, cuando los 15 diputados de Esquerra Republicana de Catalunya pusieron la palabra Libertad en lugar de poner el nombre de su candidato a la presidencia del Congreso en la papeleta que se depositó en la urna.

Más adelante Batet moderó la sesión en la que cada diputado debía jurar respeto a la Constitución española de 1978, como establece la legislación.

Entonces, los diputados independentistas catalanes y vascos establecieron su propia fórmula utilizando el idioma de su comunidad autónoma, y en el caso de los catalanes procesados añadieron que eran presos políticos y que acataban la Constitución por imperativo legal.

En respuesta, los 24 parlamentarios de Vox silbaron a los diputados presos y durante su juramento de respetar la Constitución gritaron: ¡por la unidad de España!

Los líderes del Partido Popular, Pablo Casado, y de Ciudadanos, Albert Rivera, presentaron una queja ante Batet por no impedir que se degradara a la democracia española durante la intervención de los diputados catalanes, y agregaron que presentarían una solicitud para que la Mesa del Congreso anule los derechos adquiridos por éstos, en función de su situación procesal, como marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la normativa del Parlamento.