La reacción de los gobiernos federal y capitalino ante la contingencia ambiental recientemente concluida fue tardía e incompleta, no sólo porque las autoridades tomaron demasiado tiempo para decretar el inicio de esa medida, sino porque continúan sin llevar a cabo acciones que resuelvan de raíz el fenómeno de la contaminación, indicaron organizaciones ambientalistas.

Pablo Ramírez, responsable de la campaña de calidad del aire de Greenpeace México, consideró que las autoridades tuvieron un muy mal manejo de la situación, porque desde varios días antes de que se declarara la contingencia ya había evidencias de que los niveles de polución eran muy altos, sin que se comunicara así a la población y sin tomar ninguna decisión al respecto.

Sumado a lo anterior, afirmó el especialista, ya se sabía desde 2016 que el sistema de monitoreo de contaminantes de la megalópolis no contaba con la suficiente capacidad técnica para detectar y medir las llamadas partículas finas (menores de 2.5 micras), y a pesar de ello no se reforzaron dichos esquemas ni se actualizaron los protocolos sobre el tema.

Luego de advertir que los altos niveles de contaminación en el Valle de México son un escenario que ya ha sido normalizado por las autoridades, Ramírez enfatizó que los sucesivos gobiernos del país y la capital no han diseñado políticas públicas para solucionar el problema de raíz, pero no por falta de conocimientos, sino por no incomodar a la industria automovilística y a sectores de votantes que no quieren dejar de usar sus vehículos.

Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, consideró por su parte que una de las principales fallas de las autoridades en este tema fue no haber tenido una comunicación adecuada con la gente acerca del problema de la contaminación, pues ya habían pasado varios días en que era evidente la mala calidad del aire, pero el gobierno actuaba como si no pasara nada.

De igual forma, el experto hizo énfasis en que no ha habido políticas públicas eficientes para bajar los niveles de polución y evitar la muerte de muchas personas por problemas de salud, con acciones como desincentivar el uso del automóvil a través de una red eficiente de transporte público.

Es evidente –indicó Alanís– que las autoridades han quedado rebasadas frente al problema de los múltiples incendios forestales que hay en el país, en buena medida por el recorte presupuestal de casi 40 por ciento que sufrió la Comisión Nacional Forestal.