Veracruz

Entre las expectativas y
las reservas hacia la 4T

Una imagen cotidiana de Veracruz: un derrame de la actividad petrolera. Gumercindo González

Veracruz es la tercera entidad federativa con más población indígena en términos absolutos, después de Oaxaca y Chiapas; con 1,101,306 hablantes de alguna lengua indígena y 2,373,093 que se autoadscriben a algún pueblo indígena, de acuerdo con el INEGI 2015.

Según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), en la entidad se hablan 11 lenguas y existen 15 familias lingüísticas. Por su parte, la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas (AVELI) señala que son 12 las lenguas mayormente usadas en el estado: náhuatl, totonaca, huasteco, popoluca de la sierra, otomí, chinanteco, zapoteco, mazateco, tepehua, zoque, mixteco y mixe.

Pese a esta complejidad y a que la entidad ocupa el tercer lugar en biodiversidad y es la más rica en recursos naturales, existe un importante rezago social, político y económico. En 2015 el Consejo Nacional para de Evaluación de Desarrollo Social (Coneval) colocó a Veracruz en el 4º lugar a nivel nacional –después de Oaxaca, Guerrero y Chiapas– por su grado muy alto de rezago social; mientras que, en 2012, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lo ubicó en el 28º lugar, por su bajo índice de desarrollo humano antes de Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Aunado a ello, el 58.6% de los miembros de minorías étnicas en Veracruz, señalan a la discriminación como su principal problema, seguido de la pobreza y la falta de apoyo del gobierno. Asimismo, de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el 37% de los indígenas del estado consideran no tener las mismas oportunidades para conseguir trabajo.

Por si fuera poco, persisten en la actualidad diversas problemáticas de viejo cuño, como es el caso de la región Huasteca (habitada por teenek, nahuas, otomíes y tepehuas principalmente), donde el cacicazgo político a través de los grandes comerciantes y ganaderos ha mantenido un asedio permanente hacia las tierras de las comunidades; al mismo tiempo, los proyectos de exploración y explotación petrolera y la minería han afectado gravemente el territorio.

En la región del Totonacapan (donde habitan totonacas, nahuas, otomíes y tepehuas) enfrentan problemáticas asociadas a la minería y a la construcción de presas, mientras que hacia la costa, la expansión petrolera ha acaparado y contaminado grandes extensiones de tierras. De igual manera, el cacicazgo político a través del acaparamiento de productos del café, el transporte público y ganadería extensiva, han sido un factor importante para mantener el control político, como son los casos de Coxquihui y Coyutla.

En la región de Zongolica (con población originaria nahua y mazateca), bajo el pretexto de la producción de energías limpias y sustentables desde 2007, se han llevado a cabo la aprobación de distintos proyectos hidroeléctricos para la región: Santa Rosa, Ixtaczoquitlán, Zongolica y El Narajal. No solo han sido cuestionados por la manera en que han sido implementados, sino también por las afectaciones asociadas al deterioro ambiental, el acceso a los recursos naturales (principalmente tierras y el recurso agua) y al patrimonio cultural.

En el sur de Veracruz (nahuas, mixe-popolucas, zoque-popolucas y chinantecos, zapotecos, tzotziles y tzeltales) observamos el cacicazgo político, el asedio de las asociaciones ganaderas por las tierras de los pueblos indios, la instauración de hidroeléctricas y los intentos de explotación minera en la Sierra de Santa Marta, lugar considerado como parte de la Reserva de la Biosfera que se encuentra amenazada por el desarrollo de estos proyectos. En esta región serrana, principalmente en los municipios de Soteapan, Mecayapan, Pajapan y Tatahuicapan de Juárez -que comprende la reserva de la biosfera de Los Tuxtlas-, se pretende implementar un proyecto minero a cielo abierto y otros que tienen que ver con la construcción de empresas hidroeléctricas, que amenazan la biodiversidad, los mantos acuíferos y el territorio en un polígono aproximado de 600 ha.

En gran parte del territorio indígena veracruzano, la deforestación y la pérdida de la agrobiodiversidad, por la implementación de proyectos gubernamentales ha sido una constante, ya que se han modificado los sistemas y técnicas de la milpa y otros cultivos tradicionales, por la implementación del monocultivo, la utilización de agroquímicos y fertilizantes. Por ejemplo, la implementación de cultivos de cafetales en el Totonacapan y Zongolica, la caña de azúcar en Zongolica y el Sur de Veracruz; los cítricos en el Totonacapan y la palma de chamaedorea o palma camedor en el sur de Veracruz, entre otros.

Las comunidades de afectados. Tlacaelel González Márquez

Aunado a todo lo anterior, se suman las actividades delictivas de los distintos cárteles del narcotráfico que afectan la seguridad ciudadana (a través del secuestro, la extorsión, el cobro de derecho de piso y las ejecuciones). También se ha extendido la práctica del “huachicol, con la subsecuente contaminación por el derrame del crudo. Otra amenaza es la utilización de los territorios indígenas con el discurso de la “preservación”, a partir de grandes proyectos ecoturísticos implementados por complejos hoteleros.

El gobierno de la cuarta transformación, a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), pretende dar respuesta a estas problemáticas a partir de la organización y presentación de alternativas. Por ejemplo, en el sur de Veracruz surgió a principios de febrero de 2019, la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas (CRPI) que aglutina a 14 pueblos de habla nahua, zoque mixe popoluca, pertenecientes a los municipios de Zaragoza, Oteapan, San Pedro Soteapan, Hueyapan de Ocampo, Pajapan, Sayula de Alemán, Texistepec, Cosoleacaque, Acayucan e Ixhuatlán. Estos pueblos han decidido cerrar filas para sumarse a la 4T, con el objetivo de “dialogar y escucharnos para iniciar el proceso de caminar juntos como pueblos originarios”. Su lema en náhuatl es Ma Tinehnemiga Se´Ka (Caminemos juntos). A corto y mediano plazo se han propuesto: 1) dialogar y reflexionar sobre la reconstrucción de su identidad; 2) preservar y defender su territorio ante los embates de los proyectos neoextrativistas; 3) construir y consolidar la autonomía de los pueblos originarios; y, 4) definir el papel de los pueblos originarios en la cuarta transformación.

Si bien lo anterior expone una de las tantas maneras en que los pueblos originarios de la región sur de Veracruz se están organizando para participar en el proyecto de nación del actual gobierno, con la creación del INPI se abren nuevas posibilidades para el fortalecimiento y reconstitución de sus identidades, autonomía y defensa de sus territorios. En las regiones que hemos mencionado antes existen otros grupos que mantienen cierta reserva.

La nueva relación del Estado mexicano con los grupos indígenas y afromexicanos se fundamenta en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señala el reconocimiento de las aspiraciones de todos los pueblos indígenas para asumir el control de sus instituciones, formas de vida y desarrollo económico, así como a recrear y fortalecer sus identidades, lenguas y cosmovisiones en el marco de los Estados-nación en los que viven. Indica, además, dos mecanismos vitales para la relación de los pueblos indígenas con sus Estados: la consulta y la participación.

En nuestro país, a partir de la reforma de 2011 que modificó el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se fortaleció el derecho a la identidad de los pueblos y personas indígenas. En ese artículo, además de establecerse el derecho a la no discriminación por motivos de origen étnico, se dispone que todas las personas gocen de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. El artículo 2°, que contiene los derechos reconocidos y garantizados a los pueblos indígenas que habitan en nuestro país, entre ellos el de la libre determinación y la autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad, etc., adquiere una nueva dimensión en la lucha de los pueblos originarios para mejorar sus condiciones de vida, acceso a la justicia y dignidad en un futuro más cercano.•

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