Las movilizaciones de los
pueblos mayas frente al despojo

La porcicultura a gran escala y los megaproyectos energéticos han movilizado a los pueblos. Robin Canul

Cuando a fines del siglo pasado, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se modificó el artículo 27 constitucional para permitir la parcelación de las tierras ejidales y su posible privatización, muchos nos llevamos las manos a la cabeza y nos preparamos para lo peor: la desaparición de los ejidos y la apropiación de las tierras de los mismos por parte de capitales privados.

En Yucatán, en abril de 1994, recibieron documento agrarios los ejidatarios de Xkumil, de la población maya de Ek’Balam, ubicada en el entorno de la zona arqueológica del mismo nombre. Este ejido parceló, lo que no auguró entonces un buen futuro para los pueblos mayas en el aspecto agrario. Sin embargo, en el estado y en la Península, como sucedió en la mayor parte del país, las tierras de los ejidos permanecieron en uso común.

Y así siguieron en términos generales por casi una década. Incluso este fenómeno de retención en manos de las comunidades de sus tierras fue documentado por investigadores y, en la Península, se llegó a plantear que la conservación del uso común por parte de los campesinos era una expresión de la vigorosa identidad de los mayas peninsulares.

Sin embargo, hacia fines de la primera década del presente siglo, la situación comenzó a cambiar. En Yucatán, la especulación inmobiliaria y los capitales de la industria del turismo se infiltraron con la ayuda de antiguos funcionarios agrarios en los órganos de gestión ejidal. Y por esta vía, con sobornos y mecanismos poco claros, como el avecindamiento en los ejidos de políticos y de capitalistas de la región y sus familiares, se fueron adueñando de tierras ejidales. Con esto, nuevas formas de habitar han venido surgiendo en la ciudad capital: fraccionamientos con casas minúsculas en el poniente de la ciudad, elevadas torres y condominios horizontales en el norte; todo esto en las antiguas tierras de los ejidos y montes de pueblos cercanos a Mérida.

En Quintana Roo, el despojo de las tierras ejidales en Holbox, Tulum y Playa del Carmen empezó también en los primeros años de este siglo, con la consecuente tensión y el estallamiento de conflictos ante las formas poco transparentes y desordenadas a través de las cuales los capitalistas se apropiaron de las tierras de ejidatarios mayas y no mayas (Marín, 2015, Sin tierras no hay paraíso). 

En Campeche, donde la implementación del Procede (Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos) fue especialmente complicada, las fértiles tierras y la montaña (selva alta) de la región de Los Chenes han sido objeto del acoso de timadores quienes, a través del reparto en efectivo de algunos miles de pesos, se atribuyen el usufructo y/o la propiedad de miles de hectáreas.

Y, en nuestros días, la marcha del capital hacía las tierras y territorios de los pueblos mayas parece arreciar. Las tensiones y conflictos han crecido y el tipo de capitales en busca de tierras y terrenos se ha “diversificado”. Los capitales que producen los insumos (semillas y fertilizantes) para la agricultura industrial han desatado procesos de parcelación, renta y venta de tierras de manera irregular, sobre todo en la región campechana de Los Chenes.

En medio de las diferencias, la defensa de los territorios ha unido a los mayas.

Además, la agricultura industrial ha acelerado los procesos de deforestación y de contaminación de los suelos, procesos ambos que ponen en riesgo la reproducción económica y cultural de las comunidades mayas, situación que ha sido denunciada a nivel regional, nacional e internacional por las propias comunidades en su lucha contra la siembra de soya genéticamente modificada.

Los mayas del sur de Quintana Roo también han expresado su rechazo a la siembra de soya genéticamente modificada y en el mes de abril también expresaron su preocupación por el proyecto del gobierno de México, denominado Tren Maya,  cuya ruta tocaría, en caso de llevarse a cabo, los territorios (no se conoce aún la ruta definitiva del tren) de un número importante de pueblos y ejidos mayas.

En Yucatán, la porcicultura a gran escala y los megaproyectos eólicos y fotovoltaicos han movilizado a ejidatarios y a habitantes no ejidatarios de las comunidades. En el primer caso se trata de una lucha con dimensiones legales y de movilización popular, en contra de la contaminación de las tierras y del acuífero de la península como resultado de la implantación de empresas que se han valido de procedimientos irregulares para obtener peritajes favorables previos a la instalación de las granjas. En este momento, la lucha parece favorecer a las comunidades mayas. En el segundo, comunidades que aparentemente habían estado de acuerdo con haber rentado parte de sus tierras a las empresas, se rebelan hoy por mejores pagos o se alzan en demanda de una revisión de Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) que consideran incompletas e inexactas.

En las comunidades y regiones mayas de la península, la organización y las formas de lucha en defensa de sus tierras, sus territorios y sus entornos crecen y se enriquecen. No significa que no haya también conflictos al interior de las comunidades cuando las empresas ofrecen algunos empleos y algunos pesos a una parte de la población y dejan el verdadero “peso” de las consecuencias en la mayoría. Tampoco debemos ignorar el “surgimiento” de instancias que parecen buscar la manipulación y el control de pueblos y comunidades a favor de grandes proyectos de inversión en el sureste del país. Pero la situación actual, con todo lo injusta y de cuidado que puede ser, hace esperar aprendizajes de lucha y de reclamo por los derechos de los pueblos mayas.•

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