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Chiapas La 4T mantiene las viejas ideas y políticas Arturo Lomelí González Universidad Autónoma de Chiapas
Si algo caracteriza a los pueblos indígenas de Chiapas es la intensa vida comunitaria que les da fuerza, conciencia de ser y de ser reconocido como tal. La vida comunitaria tiene como base lo que se denomina “pueblo indígena”, que implica la soberanía en un espacio territorial, cuenta con una forma de nombrar a sus autoridades y gobernarse y tiene características culturales específicas, incluida el habla de zoque o una lengua maya. Chiapas tiene más de 5.5 millones de habitantes; aproximadamente la mitad es indígena y habita en los pueblos. En tiempos recientes han migrado a las ciudades, donde han fundado colonias que replican la vida comunitaria. Así, pues, hay más de 2 millones de indígenas que ocupan el 70% de los 75 mil km2 del territorio estatal. En el territorio chiapaneco existe una gran diversidad biocultural, pero se registran múltiples procesos de extinción de bosques, selvas y vida silvestre. Sólo quedan unas 64 mil ha de selva y los demás ha sido sustituidos por cultivos y ganadería, lo que ha acelerado el deterioro ambiental. Con las lenguas y el patrimonio cultural ocurre algo parecido. En Chiapas se hablan 12 lenguas originarias; 7 están en riesgo de desaparecer. Las otras 5 lenguas, tseltal, tsotsil, ch’ol, tojolab’al y zoque son utilizadas cotidianamente, por lo que se mantienen y se asegura su supervivencia y fortalecimiento. Las lenguas que están perdiéndose son: mochó y okaqichkel, en la sierra madre de Chiapas; mam y el jacalteco, en Chiapas, y kanjob’al, chuj y akateko, confinadas a los descendientes de refugiados guatemaltecos. El Estado mexicano no tiene una política de rescate, preservación y fomento de las lenguas. Por el contrario, las instituciones han sostenido políticas que desincentivan su uso y permanencia. Según datos de Coneval 2019, Chiapas es el estado con mayor pobreza. Más del 70% de la población vive en pobreza crónica. De poblaciones indígenas, 95% de ellos viven en pobreza. La historia de estas poblaciones ha sido muy accidentada. Se repusieron de la amenaza colonial. Sobrevivieron a enfermedades que desaparecieron pueblos y a la aplicación de leyes que les quitaban el territorio. En el México liberal, independiente y posrevolucionario sufrieron las políticas indigenistas, donde técnicos y funcionarios no indígenas aunque con buenas intenciones pretendían integrarlas a la vida nacional, para lo cual debían dejar de ser indígenas. Esa situación se mantuvo al lado de sus procesos de resistencia. Diversos eventos demuestran su inconformidad con estas políticas y sus esfuerzos por imponerse al control del Estado. La formación y aparición del EZLN es el caso más importante y definitivo. A partir de 1994, hay varios momentos y debates del mundo indígena ya no sólo chiapaneco sino nacional sobre la resignificación y revaloración de su condición. En 1997, después de los acuerdos de San Andrés, el EZLN restituye la estructura de “pueblo indígena” con la formación de municipios autónomos rebeldes, crea y recrea constantemente la soberanía territorial, desconoce la estructura de los municipios oficiales que funcionan a través de partidos e instituciones de gobierno y retoma la estructura organizativa de comunidades y regiones autónomas y Juntas de Buen gobierno, llevando a la práctica los compromisos adquiridos en los acuerdos de San Andrés. Dado que estos acuerdos no fueron reconocidos por el gobierno, se declararon en rebeldía y rechazaron la ley indígena promulgada en el año 2000, que contempla a los indígenas como objeto de las políticas públicas y no como “sujetos con plenos derechos”. En pocas palabras, no son reconocidos. Durante este proceso hubo una división entre indígenas zapatistas y aquellos que decidieron negociar con el gobierno e integrarse al sistema político nacional; eso propició conflictos en comunidades y ejidos. En los territorios recuperados por zapatistas y organizaciones indígenas y campesinas afines se registraron conflictos porque estos últimos ya no quisieron mantenerse en la resistencia y se integraron a los gobiernos de oposición que ganaron las elecciones estatales. La cuarta transformación llega a este panorama de divisiones y conflictos. El triunfo de Andrés Manuel López Obrador abre una puerta de salida a los problemas nacionales. Su bandera del combate a la corrupción y la impunidad hace pensar que las cosas van a cambiar. Pero, por lo que se refiere a los pueblos indios, el escenario político permite prever que continuarán las ideas, proyectos y políticas de los gobiernos anteriores, no se ven cambios sustanciales y existe solo un cambio de grupos poder, como ha sucedido desde el año 2000, cuando por primera vez ganó un candidato de oposición. En las visitas de AMLO a Chiapas durante la campaña dijo que de ganar la presidencia “… Vamos a cumplir los acuerdos de San Andrés…”, promesa de campaña atractiva para los zapatistas y otros pueblos indígenas. Una vez ganadas las elecciones, el tema pasó a segundo término. En los foros regionales organizados por el gobierno se trataron diversos temas, entre ellos el de los “pueblos indígenas”. En esos foros el discurso era que “las organizaciones tenían que ver cómo le hacían para que se bajen los recursos y los programas a las comunidades”. Los líderes indígenas, formados en la cultura indigenista del INI y de la CDI, volvían con las mismas ideas: bajar recursos sin consultar a los pueblos sobre lo que quieren. Estas prácticas tomaron sentido cuando el gobierno federal realizó los foros para legitimar la ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. El pasado 23 de febrero, en su visita a Salto de Agua, Chiapas, López Obrador anunció que “… Chiapas será uno de los estados con la mayor inversión pública para los programas de desarrollo social y bienestar de las familias, el monto oscila en los 27 mmdp. Pero eso sí, nada con el filtro de las organizaciones sociales, de ahora en adelante, todos estos apoyos serán directo de la Tesorería de la Federación hacia el beneficiario, “nada de intermediarios”, ni siquiera funcionarios federales. Pareciera que mantiene su idea de que con recursos y proyectos “modernizadores” sacará de la pobreza a estas poblaciones. Si consideramos que uno de los mayores problemas de las poblaciones indígenas es el despojo de sus territorios a través de megaproyectos que se anuncian como formas de modernización y erradicación de la pobreza y que la propuesta del gobierno está pensada para enviarles programas y proyectos no propuestos por las poblaciones indígenas, no es posible imaginarse que las cosas cambien para ellos, muchos menos si han emergido organizaciones “indígenas”, conformadas por indígenas “ilustrados o profesionales” que intentan legitimar el proyecto de la cuarta transformación para posicionarse políticamente. Como dijo un integrante de la Red Estatal Indígena dependiente de la Red Nacional Indígena, “… se están despedazando” por los puestos, particularmente por quién va a ser nombrado titular de la delegación del INPI. Otra vez la lucha por los cargos y el olvido de los pueblos que siguen resistiendo.•
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