Michoacán

Entre la autonomía, el despojo y la violencia

Cherán: levantarse y asumir el control del territorio. Rodolfo Oliveros

No podemos aceptar los planes de desarrollo
que impulsan los gobiernos estatales y federal
 si no se da la participación efectiva de los pueblos indios,
 ni podemos aceptar las legislaciones que se están efectuando
 en los estados o en asuntos federales que afectan
a los pueblos indígenas sin contar con
la aprobación de los pueblos.
Declaración del III Congreso Nacional Indígena. Nurío, Michoacán, 4 de marzo de 2001

El inicio del siglo XXI ha estado marcado por el reconocimiento cultural de los pueblos indígenas; en México la modificación al artículo 2° de la Constitución en el año 2001 y el posterior reconocimiento de los tratados internacionales a nivel constitucional, entre ellos el convenio 169 del OIT, son momentos destacados, a pesar de que la reforma del 2001 fue rechazada por la mayor parte del movimiento indígena nacional.

Se ha caracterizado a esta etapa como multiculturalismo, en la que si bien se da un reconocimiento de la diferencia, ello no se traduce en la superación de la desigualdad estructural. Si en su momento el zapatismo lanzaba la consigna “todos iguales, todos diferentes”, la etapa neoliberal de este reconocimiento podríamos sintetizarla con la frase “Todos diferentes, todos desiguales”.

El origen de estas políticas de reconocimiento han sido los numerosos movimientos indígenas, diversos y con demandas a la vez particulares y nacionales; el estado de Michoacán no ha sido la excepción. En la pasada década recorrimos diferentes comunidades indígenas en la entidad, tratando de dar cuenta de la incidencia de las políticas públicas, principalmente, en materia de salud, educación y medio ambiente, así como las respuestas y propuestas de las propias comunidades ñathö (otomí), jñatjo (mazahua), nahua y p´urépecha.

Michoacán es una de las entidades con mayor alcance de las políticas públicas dirigidas a pueblos indígenas, no sólo por la cantidad de programas y cobertura, sino también por su presencia muy temprana en la política indigenista del México posrevolucionario. Podemos recordar esa postal del presidente Lázaro Cárdenas inaugurando en 1940, el primer Congreso Interamericano Indigenista en Pátzcuaro, un lugar referente del pueblo p´urépecha. Sin embargo, ello no se ha reflejado en una mejora sustantiva de las condiciones de vida y menos aún en un verdadero diseño intercultural de dichas políticas. Por el contrario, en muchos casos se han profundizado las desigualdades entre grupos indígenas y al interior de los mismos.

Para dar cuenta de lo anterior mencionaremos dos casos que muestran las tensiones que las políticas públicas generan en los pueblos indígenas. El primero atañe a los territorios indígenas como un ámbito de disputa por diferentes actores; el segundo a procesos autonómicos o reivindicativos, así como el reconocimiento de sus derechos.

De la disputa por los territorios indígenas a la autonomía

Un fenómeno que atraviesa el territorio michoacano, no solamente el de los pueblos indígenas, son las disputas en torno a ciertos recursos que ponen en riesgo el control territorial por parte de las comunidades indígenas. Nos referimos al cultivo de aguacate hass principalmente para exportación, que avanza vertiginosamente sobre los bosques, arrasando a su paso con las fuentes de agua, que se suma al viejo problema de la deforestación.

El auge del llamado oro verde está estrechamente relacionado con las políticas agroindustriales promovidas por los gobiernos estatal y federal, convertida en alternativa económica para las comunidades ante la crisis del agro y que ha afectado de manera frontal a la agricultura campesina tradicional, basada en el policultivo.

Al mismo tiempo, otras instancias del gobierno impulsan políticas de conservación ambiental, se generan campañas y se involucra a las comunidades en programas de pagos por servicios ambientales, como es el caso de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, que ocupa la mayor parte de los territorios ñathö y jñatjo de Michoacán. Sin embargo, los recursos y los incentivos que se ofrecen son considerablemente menores a los de la comercialización del aguacate. Solamente los ejidos que cuentan con santuarios y una derrama económica importante del turismo pueden optar por la conservación ambiental como una actividad redituable; aunque ello trae otros problemas.

La siembra del aguacate hass, la tala ilegal y criminal, más la presencia de grupos del crimen organizado que disputan el control de estos recursos, ponen en grave riesgo el control territorial, el tejido comunitario y colocan en situación de vulnerabilidad a las comunidades indígenas, todo ello con la anuencia del gobierno, cuando no su abierta complicidad.

Frente a problemas tan complejos, las respuestas de las comunidades indígenas han sido diversas. Desde levantarse y tomar el control de las comunidades, construyendo autonomías de facto, hasta procesos escalonados en los que se van generando condiciones para alcanzar diversos grados de autonomía. El caso más emblemático del presente siglo es la comunidad indígena de Cherán, pero no es la única; la comunidad nahua de Ostula ha defendido y recuperado parte de su territorio, y más recientemente las comunidades de Pichátaro y San Felipe de los Herreros han conseguido el ejercicio directo de sus recursos económicos a nivel comunitario, por mencionar algunos. Estos procesos detonan nuevos retos y conflictos dentro de las comunidades, pero ellas van decidiendo el rumbo de sus procesos con todo y sus contradicciones.

¿Una nueva relación de los pueblos indígenas con el Estado?

Los procesos mencionados nos dejan ver dos lógicas distintas en la búsqueda de mejores condiciones de vida para las comunidades indígenas. Por un lado, las políticas públicas neoliberales impulsadas desde el Estado que se han enfocado en la construcción del ser indígena a partir de ciertas condiciones idealizadas pero ideales para el turismo, no toman en cuenta la complejidad étnica ni las diferentes problemáticas sociales y de marginalidad. En general, lejos de encontrar nuevas estrategias sociales y salidas a las condiciones de exclusión de los pueblos, las políticas públicas son repetitivas de acciones ineficaces, así como excluyentes de conocimientos y prácticas culturales locales.

En contraparte algunas comunidades avanzan en la construcción de su autonomía, generando nuevas formas de gobierno y construyendo alternativas desde la discusión interna, no sin conflictos. El nuevo gobierno tiene grandes retos, y el primero es escuchar realmente a las comunidades, no buscar la legitimación de decisiones tomadas por medio de la simulación de consultas, como los foros realizados para la creación del INPI, marcados por las agendas de los partidos políticos. Por ello, una de las primeras demandas de las comunidades organizadas es la salida de partidos, que a lo largo de décadas han dividido a las comunidades.•

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