Las corporaciones de seguridad pública, incluida la Guardia Nacional, deben cumplir con los estándares internacionales para el ejercicio del uso de la fuerza. En particular, la letal sólo podría emplearse como protección o respuesta frente a amenazas inminentes a la vida, enfatizó, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El ombudsperson nacional envió al Senado sendos documentos con observaciones técnicas sobre aspectos básicos –apegados a principios constitucionales y convencionales– que deben contener las leyes sobre Uso de la Fuerza y del Registro de Detenciones, que son dos normas secundarias a la recientemente aprobada reforma constitucional en materia de Guardia Nacional y que se discuten en ese recinto legislativo.

Los estudios técnicos se acompañaron de un oficio dirigido al presidente de la mesa directiva, Martí Batres Guadarrama.

Respecto a la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza, el titular de la CNDH indicó la necesidad de que los servidores públicos puedan utilizar este recurso sujetándose a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y racionalidad, conforme a los cuales la fuerza letal sólo podría emplearse como protección o respuesta frente a amenazas inminentes a la vida, entre otras.

Planteó la necesidad de establecer esquemas adecuados de control, verificación y rendición de cuentas sobre la legitimidad del uso de la fuerza y el desempeño de los servidores públicos, como los mecanismos de supervisión externa de la policía.

Sobre la Ley Nacional del Registro de Detenciones, enfatizó que es necesario contar con un registro único, pertinentemente integrado, operativo, accesible y seguro, que permita de manera pronta y expedita consultar, en una sola base de datos, la cantidad e identidad de los detenidos, su paradero, condiciones de la aprehensión, la cadena de custodia, el trato recibido y otros aspectos.

Asimismo, expresó su disposición e interés por colaborar en el proceso legislativo que se seguirá para la eventual expedición de sendas leyes. Manifestó su convencimiento de que ambas normas deben contemplar, como uno de sus ejes centrales, la protección y respeto de los derechos humanos.