Morelia, Mich., Los concejos comunales del municipio de Nahuatzen solicitaron al Congreso de Michoacán la desaparición de poderes en este ayuntamiento purépecha, en un documento firmado por mil 300 personas de los pueblos originarios de Sevina, Comachuén y Nahuatzen.

Respaldados por el Colectivo de Abogados Indígenas Juchari Uinápekua del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), afirmaron que tomaron esta decisión ante el incumplimiento de sentencias del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán que mandata al ayuntamiento entregar la parte proporcional del presupuesto a las tres comunidades ante la ausencia de autoridad (derivada del homicidio del alcalde perredista David Otlica Avilés, cometido el 23 de abril), y por la ingobernabilidad en el municipio.

El documento entregado en el Congreso local y dirigido al presidente del Legislativo, José Antonio Salas Valencia, señala que el gobierno de Nahuatzen tomó posesión el primero de septiembre y estuvo encabezado por Otlica Avilés, quien careció de legitimidad porque sólo obtuvo mil 927 votos en una población de más de 27 mil habitantes.

En Nahuatzen y las comunidades de Comachuén y Sevina no se instalaron casillas en julio de 2018. No obstante, el Instituto Electoral de Michoacán reconoció el triunfo del perredista, quien no pudo despachar en la alcaldía por el conflicto con el Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen.

Esta situación ha generado ingobernabilidad y conflictos entre los habitantes de las tres comunidades, lo que impidió que el ayuntamiento pudiera cumplir con sus obligaciones administrativas, generando parálisis en la prestación de los servicios públicos, precisó el CSIM.

Por ello, las comunidades de Nahuatzen, Sevina y Comachuén solicitaron al Congreso de Michoacán la desaparición de poderes, como marca la ley, y solicitaron designación de día y hora para la ratificación de la solicitud y la presentación de pruebas.

En este municipio existe vacío de poder; se vive un clima de inseguridad e incertidumbre al carecer de la vigilancia, pues no se cumplen las atribuciones que prevé la ley orgánica municipal sobre seguridad pública, señalaron.