Un centenar de organizaciones de derechos humanos solicitarán al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, que ejerza su facultad de atracción para investigar delitos graves ocurridos entre 2008 y 2014 en Tijuana, Baja California, y Ciudad Juárez, Chihuahua, en los que pudiera estar involucrado el teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, hoy candidato a la alcaldía de Tijuana por el PRD.

Agrupaciones como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (integrada por 87 organizaciones), entre otras, entregarán este miércoles una carta al fiscal general en la que delinean una serie de violaciones a derechos humanos documentadas por diversas instancias, en las que se presume la participación del militar y hoy aspirante a alcalde.

Señalan que Leyzaola Pérez fue secretario de seguridad pública de Tijuana de 2008 a 2010 y de Ciudad Juárez de 2011 a 2014. Durante esas gestiones acumuló 27 recomendaciones: tres de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), tres de la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California (PDHBC) y 21 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, por actos de tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial y otros, cometidos por él o por agentes bajo su mando, a quienes protegió y encubrió en la investigación de violaciones graves a garantías fundamentales.

Hay 21 averiguaciones previas por homicidio y tortura en su contra en el fuero común en Baja California y por hechos en Tijuana están abiertas tres a escala federal por su posible coactuación en actos de tortura cometidos por militares. Sin embargo, ninguna de esas denuncias se ha consignado al Poder Judicial local o federal.

Las ONG destacaron el caso ocurrido en Tijuana entre 2008 y 2011, en el contexto de la llamada depuración policial ordenada por Felipe Calderón. La CNDH y la PDHBC documentaron que 25 uniformados del municipio fueron detenidos arbitrariamente, arraigados y torturados.