Por mayoría de votos, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinaron no desestimar en su totalidad las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y un grupo de senadores en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, por lo que el jueves analizarán si hubo fallas en el proceso legislativo que derivó en el decreto por el que se expidió esa norma en noviembre de 2018.

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Luis González Alcántara, Yasmín Esquivel Mossa y Norma Lucía Piña Hernández se manifestaron por sobreseer –no entrar al fondo del asunto– las impugnaciones, al considerar que la ley combatida cesó en sus efectos en virtud de que por la reforma de abril de este año se modificaron sustancialmente 15 de 17 artículos.

Sin embargo, el resto de los ministros votaron por sobreseer nueve artículos en su totalidad, seis de forma parcial porque hubo cambios en algunos párrafos, y analizarán los dos restantes.

Durante el segundo día de discusión, el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, confirmó que recibieron dos nuevas acciones de inconstitucionalidad de la CNDH y senadores contra la ley vigente –reformada en abril pasado– y será la ministra Esquivel Mossa la que se encargue de analizarlas y en su momento elaborar una nueva propuesta de resolución para presentarla al pleno.

Al tomar la palabra, el ministro ponente, Alberto Pérez Dayán, preguntó que si no era atípico que 90 por ciento de una ley sea reformada en un mes. ¿Qué no será que entonces las violaciones expresadas en conceptos genéricos son reales?

El ministro Eduardo Medina Mora sostuvo que en una impugnación al proceso legislativo se combate un vicio de origen que de resultar fundado llevaría a invalidar toda la ley, incluyendo reformas posteriores.

Al fijar su posición, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena consideró que la reforma realizada el 12 de abril no generó un cambio normativo a la totalidad del sistema.

“Si se sobresee el presente juicio, me temo que esta Corte se vedaría la posibilidad de cumplir con su obligación de responder a la pregunta ‘¿Si la Constitución exige que la potestad de aprobar las remuneraciones de los servidores públicos sea reglada o discrecional?’”, comentó.

El ministro Javier Laynez Potisek indicó a su vez que el argumento toral de las impugnaciones a la ley fue una omisión legislativa, por lo que “esto nos obliga aproximarnos al problema de una manera distinta…tenemos que entrar a fondo y ahí entonces analizar si esa omisión legislativa persiste o no”.

Del bloque que votó contra el proyecto de Pérez Dayán, el ministro José Luis González Alcántara Carrancá dijo que se encontraban frente a un cambio de sistema normativo en el que debiera prevalecer la intención del legislador federal de reformar prácticamente la totalidad de sus artículos, y que en todo caso los promoventes tendrían que presentar un nuevo recurso contra la ley vigente, mismo que ya sucedió.

El jueves los ministros entrarán a uno de los puntos torales: las posibles irregularidades legislativas, ya que, según el estudio del ministro Pérez Dayán, habría violaciones en la etapa de aprobación. Otra más tiene que ver con que no se fijó el salario del Presidente de la República, lo que afectó a todos los servidores públicos.