Aunque se trata de una herramienta legal que busca recuperar algunos fondos a cambio de no cobrar otros, hoy día no es posible saber a ciencia cierta si las autoridades fiscales están utilizando las condonaciones de impuestos de manera justificada, lo cual resulta preocupante, porque los máximos beneficiarios de este esquema son las empresas que acumulan mayores adeudos.

Así lo advierte el estudio Privilegios fiscales. Beneficios inexplicables para unos cuantos, publicado en 2016 por el Centro de Análisis e Investigación Fundar, en el cual se indica que menos de uno por ciento de los contribuyentes acumula más de 30 por ciento de las condonaciones fiscales, lo que deja ver una clara concentración de dicha ayuda en beneficio de grupos minoritarios, sin que además haya certeza de si realmente la necesitan.

El documento, elaborado por los investigadores Iván Benumea y Javier Garduño, señala que a pesar de los avances en materia de transparencia, dichos logros no han sido suficientes para entender a cabalidad si cuando el Estado deja de cobrar o perdona créditos fiscales lo hace en todos los casos de manera justificada.

Un ejemplo de lo anterior, enfatiza el estudio, es que tan sólo en 2015 a únicamente 15 personas morales se les perdonaron cobros de impuestos por 15 mil millones de pesos, lo cual quiere decir que 0.26 por ciento de los contribuyentes acumuló 31 por ciento del total de las cancelaciones de cobro de ese año.

De manera muy similar, la condonación de créditos fiscales se ha concentrado en muy pocas manos, y sin comprobar que se esté otorgando con el propósito de ayudar económicamente a la población que más lo necesita o para incentivar a los contribuyentes incumplidos a que paguen sus deudas a cambio de regularizar su situación fiscal.

Doble ayuda

En 2013, de acuerdo con el estudio de los investigadores de Fundar, un grupo de sólo 15 contribuyentes fue beneficiado con la condonación de sus créditos fiscales, a pesar de que ya habían recibido esa misma ayuda en 2007. Debido a ello, y conjuntando ambos periodos, el fisco dejó de cobrarles 46 mil millones de pesos.

Para evitar que se siga otorgando dicha ayuda de forma discrecional o a personas morales que no lo requieren, Benumea y Garduño proponen una serie de medidas correctivas, entre ellas diseñar una política de cancelaciones y condonaciones de créditos fiscales más transparente, rendir cuentas sobre los esfuerzos para recuperar los mencionados créditos, así como impulsar una agenda legislativa que ataque de raíz los privilegios fiscales injustificados.