Lerma, Méx., Pobladores de la comunidad San Francisco Xochicuautla desconocieron los acuerdos que el Consejo Supremo Indígena (CSI) de la localidad logró en abril pasado con el gobierno estatal para permitir la conclusión de la autopista Naucalpan-Toluca y manifestaron su rechazo al proyecto.

Además, aseguraron que la empresa Autovan, que construye la autopista, viola cuatro suspensiones otorgadas por jueces de distrito en materia de amparo que ordenaron no realizar obras en terrenos de Xochicuautla hasta que se resuelva el fondo de los juicios.

También se quejaron de que notarios de Toluca, Metepec, Lerma y Huixquilucan se confabularon para no acudir a Xochicuautla a dar fe de que Autovan sigue con las obras de la autopista pese a las resoluciones judiciales, lo cual les hace suponer que el gobierno estatal ordenó a los fedatarios no acudir a la comunidad.

El pasado 3 de abril el CSI de San Francisco Xochicuautla informó que tras más de dos años de negociación con el gobierno mexiquense se acordó permitir la culminación de la autopista, concebida hace más de 15 años para conectar la zona poniente del Valle de México con el Aeropuerto Internacional de Toluca.

En 2006 el gobierno estatal lanzó la licitación para construir la autopista y en 2007 asignó la obra a la empresa Autovan, filial del consorcio Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa, uno de los contratistas predilectos del entonces gobernador y a la postre presidente Enrique Peña Nieto.

Según el contrato, la obra de 39 kilómetros de longitud costaría mil 449.5 millones de pesos y los trabajos durarían 24 meses, por lo que se tenía proyectada su inauguración en mayo de 2009. Sin embargo, la oposición de pueblos de Toluca, Lerma, Huixquilucan y Naucalpan retrasó el proyecto y de 2013 a 2015, ya con Enrique Peña en la Presidencia de la República, se expidieron decretos expropiatorios en Lerma y Huixquilucan para asegurar la terminación de los trabajos.

Xochicuautla fue una de las comunidades que impugnó los decretos de expropiación y obtuvo cuatro suspensiones definitivas en sendos juicios de amparo. Sin embargo, la población se ha ido dividiendo, pues autoridades han coptado a representantes de bienes comunales y a vecinos.

Los pobladores inconformes señalan que los acuerdos del CSI nunca fueron consultados con la comunidad y que ninguna de las reuniones se realizaron en Xochicuautla, sino en Toluca o en la Ciudad de México.