a aprobación de la nueva reforma a la educación en el Congreso cae en un contexto muy peculiar. Por una parte, sectores importantes del magisterio están en contra y, por otra, el gobierno federal no tiene un proyecto educativo propio. El que ahora vale es el neoliberal implícito en las últimas modificaciones a la Constitución. En contraste con el papel tan importante que jugó la educación en la idea de nación en la Independencia –Morelos–, Reforma –Juárez– y Revolución de 1910 –Cárdenas– en esta Cuarta Transformación el gobierno no tiene un proyecto de educación ligado al de nación. Sin embargo, apenas es posible una real transformación sin una formación de amplios horizontes para millones de niñas, niños y jóvenes. En este caso, comunitaria y alejada del ideal neoliberal de crear capital humano. No basta con eliminar la evaluación punitiva, ofrecer presupuesto y gratuidad, crear cien planteles universitarios, becas y trabajo como aprendiz, porque son cuestiones básicas, pero no marcan el hacia dónde de la educación para una amplia transformación. En el Congreso este vacío lo llenó de inmediato la avalancha de propuestas, presiones y cambios que hicieron los partidos opositores. En menos de un año después de perder la elección, recobraron la educación. Y barato, con sólo aceptar la eliminación de la evaluación punitiva y algunos cambios de nomenclatura pudieron recuperar la cimentación constitucional del proyecto neoliberal de Peña Nieto y fortalecerlo: abrir la conducción de la educación (a través del nuevo INEE) a la representación de más organismos internacionales, empresariales y sociales afines a la visión neoliberal, ampliar las facultades de este nuevo organismo como coconductor privatizado de la educación, mantener a los maestros fuera del artículo 123 y vulnerables a futuras leyes secundarias hostiles, hacer abortar el derecho a la educación superior, orientar la ciencia a la innovación empresarial y acotar la gratuidad. Con esto y a pesar de la rectoría del Estado sobre la educación, para un gobierno que quiera romper con el pasado, el nuevo medio ambiente será difícil. Peor, para cualquier iniciativa regional de maestros y comunidades.

Es cierto que el presidente López Obrador firmó una iniciativa de reforma constitucional (12/12/18) que hablaba de un proyecto alterno con visión de largo aliento que exige la participación de la comunidad (Pag.5) y esbozaba algunas ideas contrapuestas a las neoliberales, basado en derechos, participación, conocimientos y vida digna: “la educación –concluía– es la llave de la transformación que requiere el país”. Y agregaba que todo lo anterior requiere de un replanteamiento de los principios esenciales (que) tiene que incidir en las disposiciones constitucionales (Pág. 2). Pero ese proyecto no pudo incidir en la Constitución, fue prontamente sacrificado. No se buscó su arraigo en las bases; la mayoría de diputados de Morena, junto con la Secretaría de Educación Pública nunca lo defendieron. Así, el dictamen de las comisiones unidas (27/03/2019) no recoge lo esencial de la Iniciativa presidencial. Y, paradoja, se presenta luego al conjunto de diputados de Morena como el proyecto de Andrés Manuel que había que aprobar. Los pocos legisladores que entonces no quisieron avalarlo fueron públicamente descalificados, incluso desde la Presidencia. Y todo parece indicar que en las nuevas leyes secundarias se repetirá el escenario. Si es así, de poco servirá que Morena tenga la mayoría, pues existe ahora un marco constitucional básicamente neoliberal, no tiene un proyecto propio que defender y, al parecer, tampoco el espacio y el ánimo para construirlo.

Parece confirmar esta apreciación el cambio del discurso; el de la ambiciosa iniciativa de diciembre 2018 al más modesto del Plan Nacional de Desarrollo de mayo de 2019. En éste ya no hay referencias al horizonte de un proyecto nacional, sólo se reitera el discurso contra el neoliberalismo y metas básicas muy limitadas, como que sólo habrá 32 mil lugares disponibles en las nuevas 100 universidades. Otra señal es el silencio frente a huelgas universitarias –como la que recién se registró en la Universidad Autónoma Metropolitana– que evidenciaron la problemática de la neoliberal distribución del presupuesto. Esta y otras políticas similares generadas en sexenios pasados al parecer seguirán agobiando a trabajadores e instituciones de educación superior.

El apoyo otorgado a la nueva reforma será lastre y contradicción para el ánimo del gobierno de ir a un proyecto distinto y recuperar la educación. Parece haberse asentado la decisión de inercialmente continuar, con algunas modificaciones, con el sexenio pasado. Sin proyecto y, por tanto, sin apoyo, se abandona cualquier esperanza de que la transformación a fondo de la educación sea parte de la agenda de una transformación de la vida nacional. Una vez más el impulso sólo puede venir de la resistencia de los trabajadores de la educación y de los estudiantes.

*UAM-Xochimilco