aniel Everette Hale, ex analista de inteligencia de la Fuerza Aérea y luego contratista de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial de Estados Unidos (NGA, por sus siglas en inglés), fue arrestado ayer bajo la acusación de filtrar 11 documentos militares secretos entre los que se encontrarían informes referentes a diversas acciones contra la red extremista Al Qaeda. Aunque el expediente judicial presentado contra Hale no da a conocer la identidad del periodista que recibió la información, todo apunta a que se trata de Jeremy Scahill, activista que ganó reconocimiento por su investigación acerca de Blackwater (hoy Academi), el gigante de la seguridad militar privada.

Hasta ahora no se han presentado cargos en contra de Scahill, pero con el arresto de Hale ya son tres los informantes de alto nivel perseguidos oficialmente por Estados Unidos: el propio Hale, la ex soldado y analista de inteligencia del ejército Chelsea Manning –cumplió siete años de prisión, fue indultada por el ex presidente Barack Obama y desde marzo se encuentra presa de nueva cuenta por negarse a testificar en contra de Wikileaks– y Edward Snowden, consultor que trabajó para la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), hoy exiliado en Rusia para evitar su captura por haber develado el espionaje masivo y global que llevan a cabo las agencias de inteligencia estadunidense.

En espera de mayores elementos de juicio para saber si Hale entregó la información clasificada por convicción, por un acto de conciencia o por motivos menos nobles, lo cierto es que, al igual que a Manning y a Snowden, se le persigue por revelar crímenes muchísimo más graves que una filtración y que, sin embargo, permanecen bajo una impunidad absoluta.

Muestra de este doble rasero en la justicia estadunidense es la total inacción de su aparato judicial frente a episodios como el video divulgado en 2010 por Wikileaks en el cual se aprecia sin ambigüedades a soldados estadunidenses disparar desde helicópteros artillados contra civiles iraquíes y periodistas de Reuters, una inacción injustificable y cuya veracidad nunca fue desmentida por ninguna instancia militar o del gobierno.

En cambio, esa justicia ha sido implacable en el ensañamiento contra quienes dieron a conocer atrocidades como la reseñada, e incluso en esto ha ejercido una notoria discrecionalidad. Ejemplo de ello es la feroz cacería internacional lanzada contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, mientras guarda silencio acerca del papel de los medios globales que difundieron la información obtenida por el australiano y sus colaboradores.

En suma, si algo queda demostrado con el arresto de Hale y el conjunto de las reacciones de los gobiernos estadunidenses recientes ante las filtraciones de información, es la abierta hostilidad de Washington ante la libertad de expresión de la que irónicamente se presenta como adalid cuando se trata de juzgar su situación en regímenes a los que la Casa Blanca considera enemigos.