Aunque en la década pasada se invirtieron por lo menos 600 millones de pesos en la capacitación de jueces para incorporar en sus sentencias estándares de derechos humanos y de género, según estimaciones de la organización Equis Justicia Para las Mujeres no se tienen herramientas para evaluar si ésto ha fomentado mejores prácticas en la impartición de justicia.

Lo anterior debido a que hay una opacidad persistente en los poderes judiciales locales para transparentar sus sentencias, cuando se sabe que a menudo contienen graves discriminaciones y prejuicios de género y etnia, expuso la organización en el informe (In) Justicia abierta. Ranking de opacidad judicial en México.

En la presentación del documento, Fátima Gamboa Estrella, coordinadora del área legal de Equis Justicia para las Mujeres, destacó que en la evaluación que hicieron a los poderes judiciales locales, con datos obtenidos mediante solicitudes de información, se encontró que todos los estados y entidades están reprobados en justicia abierta, pues ninguno logró 50 por ciento de los puntos requeridos en transparencia.Puebla y Edomex, entre los peores

Puebla y Edomex, entre los peores

Explicó que Yucatán, Chihuahua y San Luis Potosí fueron los mejores calificados, al obtener un puntaje entre 45 y 47 por ciento, y los poderes judiciales de Puebla, Morelos, Aguascalientes y estado de México fueron los más opacos.

Indicó que 18 poderes judiciales locales no cuentan con la información sobre el número de sentencias que emitieron en 2017. Y únicamente Durango aceptó publicar en sus portales web todos estos documentos que emitió en dicho año.

Gamboa Estrella dijo que la no publicación de las sentencias se agravó debido a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, pues antes de entrar en vigor, en 2015, en 29 estados existía la obligación de que se hicieran públicas, actualmente son cuatro.

En el Senado recordó que el concepto de interés público (que se establece en la ley) es problemático porque no existe una definición clara sobre éste.

También destacó que 62.5 por ciento de los poderes judiciales locales no asignan presupuesto para unidades de transparencia.