a ejecución de dos personas a unos metros de la entrada del Palacio de Gobierno de Morelos estremeció al país y alcanzó difusión internacional. Fue una confirmación impactante del nivel de violencia que se vive en México y del desparpajo con el que se pueden cometer actos delictivos extremos.

Todo apunta a que el episodio vivido en la plaza principal de Cuernavaca buscaba justamente esas consecuencias mediáticas, políticas y sociales. Se escogió el escenario de máxima difusión posible: el zócalo de la ciudad antaño reputada como sede de una eterna primavera y, ahora, de una eterna balacera. Por sí mismo, el lugar tiene vigilancia policiaca y una visibilidad absoluta. Pero, para potenciar la sonoridad del asunto, el ataque se realizó mientras al interior del Palacio de Gobierno se realizaba una sesión con miembros del gabinete estatal para analizar el tema del reordenamiento de los vendedores ambulantes y, en el exterior, un nutrido grupo de periodistas, obviamente armados con cámaras y micrófonos, buscaban noticias (como sucede en las plazas principales y las inmediaciones de los palacios de gobierno de todas las capitales estatales). En el caso, atentos los reporteros a una entrevista callejera con el secretario de Desarrollo Social del gobierno futbolero de Morelos, el ex árbitro de nivel internacional Gilberto Alcalá Pineda, amigo del gobernador Cuauhtémoc Blanco, ex jugador profesional de balompié. Morelos: el estado de la cuauhtemiña política.

La vertiginosa propagación de videos e información sobre los sucesos del zócalo cuernavaquense aumentaron la percepción (acelerada desde la masacre de Minatitlán, Veracruz, donde fueron asesinadas 13 personas) de que la violencia criminal es incontenible y que la sociedad está expuesta a peligros constantes y crecientes. Ciertos son los ingredientes de criminal pelea entre grupos sindicales y la colusión de intereses y negocios oscuros, pero la contundencia de lo sucedido rebasó ese encuadramiento sindical y de negocios como la Feria de Cuernavaca.

Esa apreciación social tiene consecuencias políticas específicas: en el plano local, exhibe la incapacidad del laxo equipo político-futbolístico que encabeza el impensable gobernador Blanco, siempre manejado por José Manuel Sanz, jefe de la oficina (y de la palabra y el pensamiento políticos) del ídolo americanista del pasado. Morelos ha sufrido pésimos gobiernos durante décadas, en un entreveramiento de lo político con lo delincuencial que en los tramos panistas (con el amoroso del helicóptero, Sergio Estrada Cajigal, y luego con el yunquista y consecuentemente blanquiazul, Marco Antonio Adame) y en el perredista (con el desastroso Graco Ramírez), llegaron a niveles extremos. La entidad ha sido asiento de jefes mafiosos y ha estado sujeta a entendimientos complicitarios de autoridades con cárteles, colocando a la población civil en permanente situación de agravio.

Pero las consecuencias en cuanto a percepción social e impacto político van más allá de la cancha morelense de juego. Se ha producido una serie de hechos de sangre, en diversas partes del país, que excita la interpretación de que el gobierno federal no ha podido contener esa violencia criminal.

Siendo una de las principales demandas y esperanzas del caudal de votos que le llevó al poder, López Obrador estaría incumpliendo con tal expectativa, conforme a la narrativa de crisis adelantada que se ha promovido con especial ahínco a partir los hechos de Minatitlán, que ha pasado por la marcha dominical de los prematuros demandantes de renuncia presidencial y se ve reforzada con los análisis económicos y financieros que auguran tiempos difíciles.

El complicado proceso de instauración plena y efectividad de un gobierno con fuerte apoyo popular genera reacciones de todo tipo, incluso criminales. Descomponer el escenario, inyectar miedo y generar desestabilización han sido fórmulas clásicas de poderes desplazados para tratar de recuperar posiciones y derrumbar a adversarios. Vale extender la mirada más allá de lo meramente policiaco.

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