Buenos Aires. El gobierno transformó a la policía en una fuerza de represión igual que en la época de la dictadura y, si bien esto no lo es, las políticas de la alianza gobernante Cambiemos son similares, sostuvo el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel ante la autorización del uso de las pistolas Tasser, consideradas letales.

Pensamos que esto estaba superado; lamentablemente no es así, comentó el presidente de la Comisión Provincial por la Memoria.

Cuando el ahora presidente Mauricio Macri estaba al frente de la alcaldía metropolitana, anunció la compra de las Tasser, pero hubo un rechazo generalizado que se expresó en el Congreso, que prohibió su adquisición.

El Premio Nobel de la Paz advirtió que el allanamiento del pasado lunes a la sede del Sindicato de Camioneros, prácticamente tomado por 150 gendarmes enviados por el fiscal Luis Scalera, quien forma parte del llamado partido judicial, que apoya al gobierno de Macri, es claramente una expresión de represión y de acciones indebidas que nos llevan a la desaparición de la democracia y del estado de derecho.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, declaró a una revista local que las Tasser podían ser usadas por la gendarmería que vigila el hospital Posadas y que podrían servir para cuidar a políticos o personas importantes en situaciones en las que hay mucha gente y se quiera evitar daños colaterales.

Lo del hospital Posadas causó impacto porque durante la pasada dictadura fuerzas militares lo tomaron, secuestraron a médicos, enfermeros y demás personal e incluso algunos fueron torturados en el lugar. Hay varios desaparecidos, con lo cual estas declaraciones de la ministra nos hacen volver hacia un tiempo oscuro, expresaron los delegados sindicales del nosocomio.

En este contexto, en las últimas horas quedó claro que no había ninguna urgencia ni necesidad de que Florencia Kirchner, hija de la ex presidenta Cristina Fernández, se presentara ante la justicia para ser indagada en una causa que es considerada armada por el juez Claudio Bonadío contra la ex mandataria y su familia.

Florencia, quien está bajo un tratamiento especial en Cuba, había pedido autorización para quedarse hasta completarlo. Algunos jueces del mismo partido judicial ligado al gobierno, junto con periodistas y medios oficialistas, comenzaron a presionar a la joven para que regresara, lo cual se ha determinado que era absolutamente innecesario, porque ni siquiera han comenzado los juicios donde ella aparece como miembro de una asociación ilícita que supuestamente fue creada cuando ella tenía 12 años.

Una junta oficial determinó que ni siquiera podría ser detenida y no era necesario el seguimiento que se le ha hecho, lo que según analistas demuestra que la justicia y algunos medios son parte evidente de la persecución política del gobierno actual hacia la ex mandataria.