Favoreció a narcos
Martes 7 de mayo de 2019, p. 11
Al considerar infundado el recurso de revisión interpuesto por el ex magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó su destitución del Poder Judicial de la Federación.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió a Luna Ramos en mayo de 2012 y ordenó investigarlo por conductas vinculadas con la delincuencia organizada; en abril de 2017 fue destituido.
Luna Altamirano se inconformó a través de un recurso de revisión administrativa; sin embargo, los ministros del Alto Tribunal consideraron como infundado su recurso, con lo que se confirma la destitución.
Desde 2014, el CJF presentó varias denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de jueces y magistrados por estar presuntamente involucrados en una red de corrupción que habría beneficiado a integrantes del crimen organizado en sus resoluciones.
Hijo de El Chapo, entre beneficiados
En el caso del magistrado Luna Altamirano se detectaron por lo menos nueve fallos relacionados con delitos de narcotráfico; uno de ellos en 2011 en favor de Sandra Ávila Beltrán La Reina del Pacifico, y otro en 2008 en favor de Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.
Y es que durante la investigación, se encontró que el magistrado realizó movimientos, algunos en dólares, por casi tres millones de pesos que no se vieron reflejados en su declaración patrimonial; además, fueron detectados movimientos por 2 millones de pesos en cuentas de sus familiares.
Luna Altamirano también revocó la formal prisión que un juez había dictado a Arturo Culebro Arredondo, identifica-do por la entonces Procuraduría General de la República como encargado de lavar dinero para el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, y enlace en México para el cártel del Norte del Valle de Colombia.
De acuerdo al órgano de vigilancia interna de la Judicatura Federal, también realizó múltiples viajes a países de Centro y Sudamérica, entre ellos Colombia, lo cual contraviene normas legales al abandonar su residencia del tribunal unitario al que esta-ba adscrito.
La Fiscalía General de la República tiene abiertas varias investigaciones en contra de funcionarios del Poder Judicial de la Federación por probables actos de corrupción, específicamente contra jueces y magistrados.