or lo que significó, aunque no fuera su responsabilidad, o tal vez por ello, el reconocimiento del gobierno de la ciudad que ofreció disculpas públicas por haber violado los derechos humanos de Lesvy Berlín asumió que el aparato de justicia falló, y eso, de todas maneras, advierte que se buscarán las formas de evitar que sucedan acciones como las que enmarcaron ese caso.

La acción de gobierno merece ser aplaudida, pero mucho mejor sería que los secretos que envolvieron a aquel feminicidio se evidenciaran para que la justicia alcance a quienes la deben, y decimos esto porque el crimen de la joven universitaria escondió o confundió piezas fundamentales de la investigación.

Para empezar, habría que advertir que en aquel 2017 el panorama electoral de México obligaba, en el ámbito político, a distorsionar muchos elementos ligados, seguramente, a una gran cantidad de momentos de la cotidianidad. Se estaba en el umbral de la contienda por la Presidencia de la República.

Así las cosas, responder con rapidez y claridad a ciertos asuntos de interés público era un deber político; el margen de error al establecer hipótesis ya no era importante; por eso desde el gobierno de la ciudad la Procuraduría General de Justicia emitió juicios sobre la estudiante asesinada sin tener certeza de los hechos y buscando demeritar la vida de la joven universitaria con el afán de restarle importancia al crimen.

Un mensaje en las redes sociales que acusaba a la muchacha de ser adicta al alcohol y además muy mala estudiante resonó no nada más en el ámbito universitario, sino en el político y Miguel Ángel Mancera, que en aquel entonces pretendía ser candidato a la Presidencia de la República, tomó decisiones que vistas a la distancia podrían calificarse de apresuradas.

Dos mujeres eran las encargadas de recibir la información con que elaboraban los mensajes para redes que enviaba la PGJ y, claro, autorizarlos. Los escritos, como debe ser, son autorizados por un funcionario superior que debería ser responsable de lo que se publica en las páginas electrónicas, pero esto último no es más que un supuesto, la realidad fue otra.

A raíz de las disculpas que ofreció el gobierno de la ciudad a los padres de Lesvy Berlín –y a todos los habitantes de esta capital– se empezó a hablar de lo que podría ser la realidad en este muy triste asunto. Para empezar, se dice que la mano que filtró el mensaje a redes pertenece a la fiscal desconcentrada de investigaciones en Coyoacán, Claudia Cañizo. Pero no es todo.

Es necesario recordar que las dos mujeres mencionadas arriba son un muy pequeño equipo que aún trabaja en la procuraduría, pese a la poda que realizó Miguel Ángel Mancera y en contra de la opinión del que entonces fue su procurador y amigo cercano, Rodolfo Ríos. Ese diminuto equipo tiene una mecánica fácil: una escribe y la otra autoriza, pero la supervisión no frena allí.

En el caso Lesvy, de algún lugar salió la idea de empañar la vida de la universitaria. Eso aún no queda claro, según nuestras fuentes, pero hubo un factor determinante en las difamaciones contra Lesvy. El hoy fiscal en Quintana Roo, Óscar Montes de Oca, quien autorizaba la información que llegaba a las mujeres que hacen el trabajo para las redes sociales, dijo en público, sin que mediara para ello ninguna prueba, que la estudiante era burra, que estaba tomada y que eso debería evidenciarse.

Aunque la renuncia del procurador Ríos se atribuyó a otras causas, ahora se dice que fue un encontronazo con el jefe de Gobierno lo que obligó a su salida. El procurador defendía a su equipo de comunicación, que había sido acusado injustamente, nos aseguran. Miguel Ángel Mancera anunció que la cabeza de ese equipo, Elena Cárdenas, había renunciado, lo que la convertía en culpable.

No fue así. Cárdenas nunca renunció y tampoco recibió un cese oficial por parte del gobierno de la ciudad, pero salió de la procu y todos los demás involucrados en el asunto siguen laborando en los ámbitos de la justicia. Así es esto.

De pasadita

La marcha de los sinvergüenza que pasó el domingo anterior por Paseo de la Reforma olvidó un grito, ese que dice: ¡viva la corrupción!

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