a salido a escena el fiscal Alejandro Gertz Manero. Lo ha hecho al otro día de una marcha de protesta contra el obradorismo que, a pesar de su precariedad numérica y su dispersión política y organizativa, descansa sus expectativas de crecimiento en que en el obradorismo haya agudización de los problemas económicos, concentración de poder que permita sugerir autoritarismo e incluso dictadura y falta de resultados en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

Al tercer punto, en el que reside la mayor esperanza de la base política del obradorismo pero, sobre todo, de la aún mayor base social volátil, que votó por el cambio pero no está atada a ningún partidismo y podría sentirse decepcionada con relativa rapidez, ha salido a dar respuesta el hasta ahora poco visible Gertz Manero. Y lo ha hecho de una manera contundente. Si las palabras, señalamientos y virtuales acusaciones que presentó ayer se convierten en acción justiciera, varios de los principales secretarios del gabinete de Enrique Peña Nieto deberían ser sujetos a proceso penal.

La destinataria inmediata de las principales revelaciones gertzianas es la malquerida Rosario Robles Berlanga, que así estaría prestando por segunda ocasión sus involuntarios servicios de saco de boxeo para desahogos pugilísticos del obradorismo y para ejemplificaciones punitivas selectivas. La primera batalla vigorosa del tabasqueño que llegó en 2000 a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México fue contra la antecesora, Robles Berlanga, quien había ocupado de manera interina ese mismo cargo para suplir a Cuauh-témoc Cárdenas quien a su vez había dejado el asiento ejecutivo de la chilanguez para ser candidato presidencial por tercera ocasión a nombre del Partido de la Revolución Democrática, que alguna vez existió.

Robles Berlanga ocupó las dos secretarías involucradas en el caso que parecería estar pintado para iniciar una arremetida justiciera desde Palacio Nacional, a través de la muy autónoma fiscalía gertziana: la estafa maestra. La ex presidenta de aquello que fue el PRD pasó a las filas de Peña Nieto como una forma de incorporar figuras de izquierda distantes de López Obrador y dolidas con él. En el obradorismo y en la izquierda no asimilada por EPN se le consideró una traidora.

Pero no debería ser la economista de origen coahuilense, pero firmemente avecindada en la capital del país, la única pieza que debiera poner sus barbas políticas y judiciales a remojar. De acuerdo con la relatoría de presuntos delitos de Estado que podrían haberse cometido con la citada estafa maestra, una eventual guillotina marca 4T podría alcanzar a los ex titulares de las secretarías de Hacienda, de Educación y de la Función Pública.

A reserva de que la FGR obradorista precise modos, tiempos y circunstancias, los graves señalamientos realizados ayer podrían alcanzar a algunos de los principales personajes del peñismo (a menos que todo el barullo vaya a quedar sólo en Rosario Robles, con amnistía para los peñistas de cepa): Luis Videgaray Caso y/o José Antonio Meade Kuribreña en Hacienda; Aurelio Nuño en Educación y Virgilio Andrade y/o Arely Gómez en la Función Pública. Y, en el caso Odebrecht, obviamente a Emilio Lozoya Austin.

El recuento de maquinaciones de Estado, los duros señalamientos de deficiencias, trampas y distorsiones en la Procuraduría General de la República, y el seco señalamiento de la utilización de este instrumento judicial para favores o persecuciones políticas, implica a cuatro ex procuradores generales: Jesús Murillo Karam, la antes mencionada Arely Gómez González, Raúl Cervantes Andrade y el nefasto encargado de despacho en el tramo final, Alberto Elías Beltrán.

Pero, en esta maquinación de Estado, en este mar de corrupción generalizada, un evidente responsable político e institucional se llama Enrique Peña Nieto. Habrá de verse si las ondas gertzianas de ayer llegan en serio a donde deben llegar o sólo han sido respuesta sonora y diluible a una necesidad política.

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