as acciones que emprenden individuos, familias, grupos sociales, organizaciones, instituciones y gobiernos requieren una dosis relevante de pragmatismo, más allá de las concepciones de todo tipo que motiven dichas acciones.

En general, esto se expresa en la necesidad de que se propongan acciones que funcionen y que esto pueda comprobarse. Además, que exista un compromiso para que eso se consiga. Una parte, pues, puede asociarse con la coherencia en términos de las condiciones existentes y otra con la capacidad de ejecución. Ambas son necesarias para arribar a una situación distinta y deseada.

Lo pragmático suele contraponerse a las posturas sostenidas en determinados principios. Éstos pueden ser de naturaleza muy diversa. Algunos de índole general, otros de tipo restrictivo. Sean los que fueren, se expresan en concepciones de lo que es admisible, justo, deseable y posible para todos o para ciertos grupos.

Los objetivos definidos con base en los principios son capaces de mover políticamente a la sociedad, pero no soportan una disociación extrema o indefinida con respecto a los resultados que se consiguen.

En este terreno, los problemas, o bien, las distintas maneras en que se plantean los conflictos sociales, imponen la necesidad de lidiar con los desacuerdos y cada vez de manera más urgente.

Sin una forma eficaz de confrontar las diferentes demandas que compiten en la sociedad, las decisiones que se toman políticamente pueden acrecentar los prejuicios de una y otra parte. De ahí surge principalmente un entorno de mayor fricción.

¿Cómo conseguir efectivamente compromisos operativos, es decir, cómo superar incluso la mera disposición a comprometerse? Esto requiere finalmente de considerar las cuestiones prácticas de las ideas que se proponen y, por supuesto, de las acciones que se proponen para alcanzar los objetivos planteados.

Buena parte de la discusión política en el país está basada en la propuesta explícita del gobierno acerca de diversos principios asentados en la necesidad de provocar un cambio radical en la sociedad.

Ese cambio se sustenta en el hecho de que en términos prácticos, durante más de tres décadas, no se han conseguido los objetivos esperables de la acción del gobierno. Esto se manifiesta esencialmente en dos cuestiones: insuficiente crecimiento de la actividad productiva y exacerbación de las condiciones de la desigualdad social. De ellas se desprenden un cúmulo de situaciones que se propone enfrentar y, sobre todo, superar.

Digamos que, de manera general, cada persona tiene una forma de ver las cosas. Esta forma tiende a socializarse y genera una visión del mundo. De ahí surgen tanto las posturas basadas en los principios como en las cuestiones prácticas.

Esta dinámica se desenvuelve en el tiempo mediante la interacción de las personas y en el marco de las condiciones materiales prevalecientes. Las tendencias que emanan de esa multitud compleja y en ocasiones confusa de interacciones sociales provocan sesgos que pueden impactar negativamente a uno mismo y a los demás. Los sesgos también pueden ser positivos, en la medida en que repercuten en la sociedad de manera útil o en la dirección deseada, siempre conforme a quien puede incidir en ella. Pero no hay nada definido de antemano.

Por lo que hace a los compromisos que han de establecerse para conseguir que las medidas de política cumplan con los objetivos previstos, la sociedad no puede eludir las condiciones en cuanto a que el gobierno consiga acatar las demandas que se hacen y que son diversas y generalmente conflictivas. Además, es necesario que se supere eventualmente el desacuerdo primordial que exista en una situación determinada y que las cosas se hagan y con la eficacia propuesta. Hay una disputa de ideas y valores, y existe un entramado de intereses políticos y económicos.