Por poco más de 103 millones de pesos, tres empresas serán las encargadas de la impresión y distribución de los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2019-20, pues fueron elegidas para esa labor a través de una adjudicación directa.

Tras un retraso de casi cinco meses en la producción de más de 200 millones de ejemplares que se reparten en los niveles prescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, telebachillerato y educación indígena nacional, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) lanzó una convocatoria para la adquisición de libros, proceso en que la mayor editorial del país no tendrá que entregar insumos para la producción.

El organismo hizo una adjudicación directa para la adquisición de nueve títulos de libros de texto el pasado 30 de abril, cuatro días después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que la empresa BioPappel no fuera el proveedor del papel para los volúmenes, pues el dueño es su compadre Miguel Rincón Arredondo, quien también es parte del Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia (https://bit.ly/2GDpqPg).

Derivado de ello, el consejo de administración de la compañía que aportaba 80 por ciento del insumo para los libros, informó que se retiraría de la licitación, para apoyar la visión de transparencia a prueba de suspicacias (https://bit.ly/2UU5ixr).

Sin embargo, el portal del compras de gobierno CompraNet, que ahora es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el pasado 2 de mayo informó que, de acuerdo con el expediente AA-011L6J001-E37-2019, las empresas Compañía Editorial Ultra, SA de CV, Reproducciones Fotomecánicas SA de CV y Litografía Magno Graf SA de CV obtuvieron tres contratos por 103 millones 15 mil 940 pesos.

Se detalla que los tres contratos para las compañías fue por adjudicación directa y la fecha para su publicación fue el pasado 2 de mayo, además de contener los tres documentos que avalan los compromisos suscritos, cuyo inicio fue el 30 de abril y concluirán el 31 de diciembre de este año.

En los tres documentos que se anexan al expediente electrónico, se indica que no se usaron contratos macro, es decir, no son una estrategia de contratación basada en un acuerdo de voluntades que celebra una dependencia con posibles proveedores. Ni se trata de compras consolidadas, las cuales buscan tener mejores condiciones para el Estado, lo cual permite ser más eficiente en el gasto del sector público.

El pacto con Reproducciones Fotomecánicas SA de CV indica que el importe total, sin contar el impuesto sobre la renta es por 40 millones 91 mil 680 pesos; el de Compañía Editorial Ultra, SA de CV es por 41 millones 111 mil 840 pesos, y el de Litografía Magno Graf SA de CV es por 21 millones 12 mil 420 pesos.

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público enumera circunstancias por las que la administración federal puede adjudicar directamente, como situaciones en que se puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, sólo existan en el mercado una cantidad limitada oferentes, cuando no sea posible obtener bienes o servicios mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad o incluso cuando se haya rescindido un contrato adjudicado por licitación pública.